El diputado nacional pidió que el gobierno nacional arbitre medidas si es real su intención de defender la soberanía de Malvinas: «Mientras Milei habla de una defensa, hay una estructura logística en Chile para abastecer los negocios foráneos en Malvinas y nadie explica qué hizo el Estado argentino para impedirlo».
El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que explique qué acciones adoptó frente a la ronda de negocios que se desarrolla este lunes y martes en Punta Arenas, donde representantes empresariales de las Islas Malvinas buscan cerrar acuerdos comerciales con proveedores chilenos y avanzar en la consolidación de una nueva conexión marítima con el archipiélago.
La iniciativa, organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), reúne a cerca de 40 representantes del sector privado de las islas con empresas de la Región de Magallanes. Según información difundida por la propia FIDC, el encuentro tiene entre sus objetivos avanzar en oportunidades comerciales y consolidar una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Stanley, cuyo primer viaje está previsto para noviembre.
Para Luque, lo más preocupante no es solamente que este encuentro se concrete, sino la ausencia de explicaciones sobre la actuación del Estado Nacional argentino frente a un proceso que no comenzó ayer.
“Si el gobierno nacional realmente busca defender la soberanía de Malvinas como dice, no puede quedar como observador de negocios que se hacen en los países vecinos que corrompen esa soberanía».
“Esta ronda de negocios no apareció de un día para el otro. Durante más de 90 días hubo información pública sobre las negociaciones entre empresas chilenas, la FIDC y las autoridades de Punta Arenas. El Gobierno Nacional tiene que explicar cuándo tomó conocimiento, qué hizo desde entonces y por qué permitió que el proceso llegara hasta esta instancia sin una respuesta concreta”, sostuvo Luque.
El pedido de informes solicita conocer cuándo la Administración Pública Nacional tomó conocimiento de las negociaciones entre la naviera Easter Island y la FIDC, qué organismos intervinieron, si se abrió algún expediente, si se analizaron posibles infracciones a la Ley 26.659 y si se cursaron notas de desaliento a las empresas involucradas.
*“No pueden decir que no sabían”*
El legislador nacional puso especialmente el foco en la responsabilidad del Gobierno Nacional frente al avance de una iniciativa que puede contribuir a consolidar una ruta logística regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
“La pregunta es muy sencilla: *¿qué hizo el Estado argentino mientras esto avanzaba?* Porque información había. La propia documentación demuestra que las negociaciones eran públicas y que el objetivo era restablecer una conexión marítima comercial con las islas. No pueden decir que nadie sabía”, afirmó Luque.
El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados también reclama información sobre las gestiones diplomáticas realizadas ante el Gobierno de Chile, la intervención de la Cancillería, la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Defensa, así como las evaluaciones realizadas sobre la eventual aplicación del Decreto 256/2010 a la ruta proyectada.
Además, Luque pidió conocer si el Gobierno Nacional analizó el antecedente de la protesta formal presentada en julio ante Chile por la recalada del HMS Medway en Punta Arenas y si existe coordinación entre Cancillería y Prefectura para monitorear las actividades logísticas vinculadas con Malvinas en esa ciudad.
*Entre el discurso y los hechos*
El pedido de informes también apunta a la contradicción entre el discurso de defensa de la soberanía y la necesidad de actuar frente a iniciativas que pueden fortalecer la estructura económica y logística de las islas.
“Mientras el Gobierno Nacional anuncia sanciones y endurecimiento de las normas frente a quienes participan de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas, tenemos una ronda de negocios en Punta Arenas destinada a generar proveedores y consolidar una conexión marítima con las islas. *El Gobierno tiene que explicar qué hizo para evitar que esa estructura se consolide*”, señaló Luque.
La propia FIDC confirmó que el encuentro busca generar relaciones comerciales entre empresas de las islas y proveedores chilenos, mientras que la prensa regional informó que la nueva conexión permitiría abastecer a Malvinas con productos y servicios desde Punta Arenas.
Para Luque, además, existe un punto que requiere una explicación específica: la posibilidad de que la nueva ruta utilice una embarcación bajo una bandera distinta para evitar las restricciones previstas en la declaración del Mercosur de 2011. El pedido de informes reclama al Poder Ejecutivo que precise cuál es su interpretación jurídica de esa situación y qué gestiones realizó ante Chile.
“La soberanía no se defiende solamente con discursos, comunicados o anuncios. También se defiende anticipándose, utilizando las herramientas legales disponibles y evitando que se consoliden mecanismos que fortalezcan la ocupación y la explotación de nuestros recursos. Por eso queremos saber qué hizo el Gobierno Nacional y, si no hizo lo suficiente, por qué no lo hizo”, concluyó Luque.
