El documento de SICSAL Argentina expone la creciente conflictividad territorial en el país tras el fin de la emergencia indígena en 2024 y el debate legislativo de 2026 sobre la inviolabilidad de la propiedad privada basado en la Ley 26.160, sancionada en 2006, es una norma clave para la protección de los territorios indígenas en Argentina. Su objetivo principal es suspender los desalojos de comunidades originarias y relevar las tierras que ocupan tradicionalmente. Mientras el Congreso discute la flexibilización de la propiedad de la tierra, comunidades indígenas y campesinas enfrentan desalojos, presiones inmobiliarias y proyectos extractivos en provincias como Salta, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Chubut y Mendoza.
Casos emblemáticos como Las Pailas (Salta), Puente Quemado II (Misiones) y Pindoty’i (Misiones) muestran cómo los conflictos territoriales se judicializan y se transforman en disputas por recursos estratégicos. El campesinado también sufre la desigualdad frente a grandes propietarios, como ocurrió con las 112 familias de Montecarlo y la escuela campesina Ñande Kokue.
ejes principales:
- Desalojos recientes: se registran operativos en distintas localidades de Chubut y Río Negro, donde comunidades originarias reclaman derechos ancestrales sobre territorios ocupados por empresas forestales, mineras y proyectos inmobiliarios.
- Extractivismo en expansión: la explotación minera, petrolera y forestal se presenta como motor económico, pero es cuestionada por su impacto ambiental y social.
- Resistencia comunitaria: las comunidades denuncian que el modelo extractivo desplaza pobladores, degrada el ambiente y vulnera derechos reconocidos en la Constitución y convenios internacionales.
- Nueva batalla política y social: el conflicto se inscribe en un escenario nacional donde se discuten reformas a la Ley de Tierras y proyectos que habilitan mayor presencia de capitales extranjeros en áreas estratégicas.
El documento destaca que la tierra no puede ser tratada como una simple mercancía: está vinculada a la soberanía alimentaria, el agua, la salud, la cultura y la trascendencia comunitaria. La organización llama a la solidaridad de movimientos sociales, sindicatos, universidades y organismos de derechos humanos para resistir la criminalización y defender los bienes comunes. 
