La diputada nacional Ana Clara Romero recordó que la provincia tiene condiciones únicas para liderar la diversificación económica de la región.
“Chubut concentra más del 63% de la potencia eólica instalada del país. Tenemos que consolidar este liderazgo, diversificarlo con la energía solar y, sobre todo, terminar de posicionarnos como protagonistas en la producción y exportación de Hidrógeno Verde y derivados”_, señaló Romero.
En línea con esa visión, la diputada destacó que expertos y dirigentes coinciden en que Comodoro Rivadavia puede convertirse en la ‘Vaca Verde’ de Argentina, trazando un paralelismo con el impacto energético, económico y laboral que representa el gigante neuquino.
_“Este es un paso decisivo que refleja un trabajo conjunto y sostenido con el gobernador Ignacio Torres y el vicegobernador Gustavo Menna. Desde hace tiempo venimos impulsando esta agenda con una misma visión: que Chubut diversifique su matriz productiva, genere empleo de calidad y se consolide como un actor estratégico en la transición energética de la Argentina y del mundo”,_ subrayó Romero.
La legisladora también remarcó la urgencia de avanzar con este proyecto, que estaba a punto de perder estado parlamentario, y *cuestionó que “el kirchnerismo decidió no acompañarlo, aun cuando se trata de una herramienta clave para el futuro energético del país y para el desarrollo de nuestra provincia”.*
La propuesta legislativa presentada busca crear un marco normativo y un régimen de promoción de inversiones que siente las bases para el desarrollo integral de la industria del hidrógeno en Argentina. El proyecto, acompañado por más de 50 diputados y trabajado junto al gobierno nacional, cámaras empresarias y provincias patagónicas, introduce mejoras sustanciales al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), adaptándolo a los plazos y necesidades de una industria que aún está en proceso de maduración.
Entre los principales puntos se destacan:
Extender de 2 a 5 años el plazo de adhesión al RIGI para proyectos de hidrógeno, con la posibilidad de prórroga.
Ampliar de 2 a 3 años el plazo para cumplir con la inversión mínima exigida.
Declarar de interés nacional las inversiones en la cadena de valor del hidrógeno.
Incorporar una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años para todos los proyectos, incluso los que no adhieran al RIGI.
Dotar a la autoridad de aplicación de herramientas concretas: formular la Estrategia Nacional del Hidrógeno, establecer un sistema de certificación internacional, dictar normas de seguridad y simplificar el marco normativo.
Impulsar tecnologías complementarias como la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).
