Red Chamber, una de las principales operadoras del sector pesquero en Chubut, enfrenta una fuerte presión sindical y política. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) presentó una denuncia formal contra la firma, a la que acusa de incumplir de forma reiterada el contrato firmado con el Gobierno provincial para la explotación de los bienes de la ex Alpesca en Puerto Madryn.
Según el gremio, las irregularidades incluyen la falta de procesamiento de la totalidad de la materia prima en la planta local, el desvío de recursos hacia otras empresas, y el incumplimiento del acuerdo que garantizaba el empleo para los trabajadores marítimos y de tierra. Además, advierten que la empresa mantiene deudas con la seguridad social, la obra social ADOS-Trelew y con el propio sindicato, además de infringir el Convenio Colectivo 372/04.
“Al día de la fecha, Red Chamber no cumple con sus obligaciones básicas”, afirma el comunicado del STIA, que exige al secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, que se rescinda el contrato con la empresa.
Por su parte, el funcionario provincial respaldó la postura sindical y calificó a la empresa como “un incumplidor serial”. Además, denunció prácticas extorsivas por parte de la conducción de Red Chamber, acusándola de utilizar la continuidad de los puestos de trabajo como método de presión política y social.
“La no rescisión del contrato sería incumplir con los deberes de funcionario público”, sostuvo Arbeletche, y confirmó que la Asesoría Legal del Gobierno de Chubut ya se encuentra analizando la posible ruptura del vínculo contractual.
Mientras crece la tensión entre el Estado, el sindicato y la empresa, las perspectivas para la temporada de langostino y anchoíta en aguas provinciales y nacionales son más que alentadoras. Según explicó Arbeletche, la biomasa disponible es abundante y de excelente calidad, lo que genera buenas expectativas para los próximos meses, especialmente en puertos como Rawson y Puerto Madryn.
Este repunte del sector fue posible luego del acuerdo alcanzado entre sindicatos y cámaras empresarias, con el apoyo directo del gobernador Ignacio Torres, quien lideró las gestiones ante distintos actores nacionales y provinciales para destrabar un extenso conflicto laboral.
