Los representantes sindicales de ATECh, UDA y Sadop reclamaron por nota al gobernador Ignacio Torres que se constituya la paritaria salarial «para el sector de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación, puesto que en sus recientes declaraciones ha anunciado la disponibilidad de ingresos presupuestarios y decisión de destinarlos al sector que representamos».
Los gremios advirtieron que «en virtud de la existencia de los referidos ingresos, reclamamos que se rehabilite el diálogo democrático en el marco de paritaria salarial para consensuar la incorporación al salario de los ingresos que refirió, respecto a la cual sostenemos que deben volcarse en el Básico Testigo».
También reprocharon la iniciativa de un bono a pagar al personal de educación, «condicionado a criterios de presentismo» y pusieron a consideración del gobernador las siguientes observaciones:
La iniciativa representa una redundancia al existir un adicional salarial de similares características y condicionamientos.
Las condiciones para la percepción de la suma anunciada representan una discriminación improcedente al sancionar con merma a las y los agentes que han usufructuado el Régimen de Licencias, que no establece consecuencias del tipo en cuestión, constituyéndose en un derecho adquirido que resultaría vulnerado.
En el plano humanitario la merma representa un acto de indolencia respecto a las y los trabajadores que debieron atender situaciones de enfermedad propias o de un familiar cercano, circunstancias difíciles para las que se ha logrado que el Estado empleador disponga tiempo sin afectación de haberes.
Además, dado el número absolutamente mayoritario de mujeres que integran al sector de educación en carácter de trabajadoras, representa una clara sanción al ejercicio de maternar y a realizar tareas de cuidado de familiares, tareas que recaen regularmente sobre las mujeres en función de roles y mandatos que se les imponen en este sistema.
Por otro lado, en el plano de la profesionalidad de la labor cabe destacar que la merma representa una sanción a docentes que usufructuaron licencia para capacitarse y desarrollar sus saberes para provecho de los propósitos del sistema educativo.
En la misma jerarquía de derechos adquiridos se encuentra el de huelga, de rango constitucional, que de acuerdo con el tono de lo anunciado resultaría motivo de merma, requiriendo ello inmediata aclaración en virtud de las implicancias de su decisión.
