Un juez federal argentino dispuso una multa diaria de 100.000 pesos (65 dólares) a la Jefatura de Gabinete de Ministros por el incumplimiento de una orden judicial que intimó al Gobierno a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario.
«La Justicia impuso multas diarias de 100.000 pesos al jefe de Gabinete», informaron este miércoles fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
El fallo se da a conocer un día antes de la quinta marcha federal organizada contra la actual gestión por incumplir con esta normativa.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nº 11, Martín Cormick, sostuvo que correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre, ante el «incumplimiento verificado» de su sentencia, en la que intimó al Gobierno a que en cinco días acatase la medida cautelar, emitida por el propio magistrado en diciembre, que le obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida cautelar se encuentra firme tras un fallo de la Corte Suprema dictado en junio, que avaló la normativa que el Congreso sancionó y ratificó frente a un veto del presidente, Javier Milei.
El máximo tribunal del país dejó así en firme la obligación de cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, relativos a la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles de acuerdo a la inflación.
La sanción económica fijada en esta primera etapa podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, advirtió Cormick.
Las sentencias del juez se enmarcan en el amparo colectivo que fue presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 61 universidades públicas y de otras 14 casas de estudio provinciales.
La Ley 27.795 sobre el financiamiento de las universidades había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025, pero el Poder Ejecutivo la vetó mediante el decreto 647/25.
Fue entonces cuando las dos cámaras del Congreso insistieron con el proyecto y reunieron los dos tercios de los votos requeridos para sostener la norma, según establece el art. 83 de la Constitución nacional.
Entonces el Gobierno emitió un segundo decreto, el 759/25, declarado inconstitucional por Cormick el 6 de octubre, que supeditó la aplicación efectiva de la ley a que se especificasen las partidas de su financiamiento.
Tres días después, el 9 de octubre, el Gobierno argentino apeló la resolución del juez que declaró inconstitucional ese decreto.
El Ejecutivo también puede apelar el fallo de este miércoles.
La comunidad universitaria realizó hasta ahora cuatro marchas federales multitudinarias para exigir al Gobierno el cumplimiento de esta normativa y prepara la quinta para este jueves. (Sputnik)
