El Gobierno argentino suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de otra normativa que declara la emergencia pediátrica, destinada a garantizar los fondos del Hospital Garrahan, el centro de referencia en el país para esta especialidad, al promulgar ambas legislaciones este martes en el Boletín Oficial.
Las normativas fueron promulgadas con las Decretos 759/2025 y 760/2025 y publicadas este martes en el Boletín Oficial.
Ante la pasividad de la actual gestión y la expiración en la víspera de los plazos para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia pediátrica, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció una jornada nacional de protesta para este martes y una huelga para este miércoles.
La Ley que declara la emergencia pediátrica, vetada por el presidente Javier Milei por considerar que atentaba contra el equilibrio fiscal, fue sostenida por el Congreso al reunir en las dos cámaras más de dos tercios de los votos requeridos, y lo mismo sucedió con la Ley de Financiamiento Universitario.
Con una mayoría contundente, el Senado convalidó el 2 de octubre las dos legislaciones que resistía el Gobierno tras el aval que dio también la Cámara de Diputados el 17 de septiembre.
La ley que declara la emergencia pediátrica, defendida en la cámara alta por 59 votos a favor, siete negativos y tres abstenciones, contempla un aumento salarial del 70 por ciento para los 4.500 empleados de planta y los 420 residentes del Hospital Garrahan, además de garantizar el suministro de productos críticos y de derogar una resolución que precariza las residencias médicas, con su conversión en becas.
El conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan comenzó hace más de cinco meses, cuando el personal médico y no médico del centro de salud empezó a movilizarse para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y visibilizar el desfinanciamiento de la institución, que derivó en la renuncia de más de 200 profesionales en el último año y medio.
La ley que garantiza el presupuesto de las universidades, también defendida del veto presidencial, con 58 votos a favor frente a siete en contra y cuatro abstenciones, propone la reapertura de negociaciones salariales para los trabajadores, reconoce recursos para becas y funcionamiento, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (6,3 millones de dólares).
La Ley de Financiamiento Universitario tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), señala la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según la Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayor del país, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años.
Por primera vez en 22 años, el Congreso rechazó el 4 de septiembre otro veto de Milei y logró que prevaleciese una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026, pero de nuevo, el Gobierno la promulgó y suspendió su aplicación hasta que el Congreso aclare sus vías de financiamiento. (Sputnik)
