El fiscal Cristian Olazábal informó este miércoles en conferencia de prensa que se llevan adelante nuevas medidas en el marco de la investigación preliminar vinculada a la causa por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. En este contexto, confirmó que se realizaron tres allanamientos, registros vehiculares y requisas personales, en los que se secuestraron equipos informáticos de interés para la causa.
“Por el momento no hay personas arrimadas a proceso y tenemos el deber de reserva. Sí puedo confirmar que los resultados de los allanamientos fueron positivos”, expresó el fiscal, quien además indicó que los procedimientos fueron autorizados por el juez penal Jorge Odorisio.
Olazábal recordó que la investigación surge de observaciones del tribunal de juicio durante el debate oral que terminó en 2024, con condenas a exfuncionarios municipales. Sin embargo, la nueva pesquisa apunta a otras personas presuntamente vinculadas a la gestión de la ciudad en ese período.
Detalles del proceso
El fiscal detalló que, tras el juicio desarrollado entre mayo y agosto de 2024, en el que declararon 120 testigos, se dictaron sentencias de cumplimiento efectivo y condicional, confirmadas en diciembre por la Cámara Penal.
No obstante, los condenados siguen en libertad con restricciones, a la espera de la resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre impugnaciones extraordinarias.
“Nuestra intención siempre fue resguardar la pena efectiva en un establecimiento penitenciario”, explicó Olazábal, remarcando que las modificaciones de las medidas evitaron que los condenados accedieran a prisión domiciliaria sin fundamento.
Por ahora, no se evalúan detenciones, ya que no hay riesgos procesales como fuga o entorpecimiento, señaló el fiscal.
“Siempre buscan darle un tinte político”
El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, respaldó la labor del fiscal y criticó que en causas de corrupción, los imputados intentan politizar los procesos.
“La política se usa como herramienta para delinquir y luego como excusa para desacreditar”, afirmó Iturrioz, quien recordó casos anteriores en los que fue acusado de actuar por intereses partidarios.
El ministro subrayó que su rol es estrictamente operativo, a través de la Policía, sin intervención en la conducción judicial. También confirmó que se desplegaron equipos especializados para corroborar domicilios y ejecutar órdenes judiciales.
Expectativa por la resolución del Superior Tribunal
Tanto el fiscal como el ministro coincidieron en que la sociedad de Comodoro Rivadavia espera una respuesta definitiva por parte del Superior Tribunal de Justicia.
“Esperamos que se expida lo más pronto posible, porque es lo que corresponde y lo que la ciudadanía merece: una respuesta justa y definitiva”, concluyó Olazábal.
