La compañía busca traspasar la operación de estos campos a nuevos actores, como la Compañía General de Combustibles (CGC), en el marco del Proyecto Andes, que le permitirá redirigir recursos hacia proyectos estratégicos como Vaca Muerta.
El plan incluye un programa de retiros voluntarios para operarios, donde YPF costeará indemnizaciones con un plus del 20%. Sin embargo, esto ha generado preocupación en Santa Cruz, donde el impacto sobre el empleo y la actividad económica es incierto. El gobierno provincial exige garantías de continuidad operativa y busca evitar que la salida de YPF comprometa la producción petrolera y los ingresos fiscales.
El desenlace de estas negociaciones tendrá implicancias profundas para la provincia y la industria, mientras YPF busca fortalecer su estrategia nacional concentrándose en áreas de mayor rentabilidad. Sin embargo, el costo social y económico de este cambio sigue siendo una preocupación central en la región.
No se trata de una negociación sencilla. Al contrario, implica un juego a diferentes bandas con una multiplicidad de actores que durante todo el año pasado tuvo avances y retrocesos.
En el esquema de salida que está prácticamente acordado con el gobernador Claudio Vidal es central el rol de CGC, la petrolera que conduce Hugo Eurnekian, el principal productor de hidrocarburos en el flanco norte de la provincia. Motorizada más que nada por un movimiento defensivo para evitar que un retiro caótico de YPF derive en una descomposición total que arrastre al resto de los jugadores del sistema petrolero en la provincia, CGC lidera una mesa de negociación que incluye a otros actores privados que tiene interés en los yacimientos.
Indemnizaciones
Con el objetivo de empezar a readecuar la estructura operativa de sus campos maduros -que requiere como condición necesaria de una reducción de la dotación de personal asignada a cada yacimiento-, YPF informó a sus contratistas que costeará la indemnización más un plus de un 20% de aquellos operarios que acepten renunciar voluntariamente a su trabajo. Esa opción, que está disponible hasta el 31 de enero, no termina de convencer a algunos proveedores de servicios de YPF, que en los últimos días reclamaron una mejora en la implementación del esquema indemnizatorio. “No está claro si YPF se hará cargo de la indemnización total de los operarios que acepten salir voluntariamente o sólo de una parte. Algunas líneas intermedias están hablando de un crédito económico en el tiempo para que los proveedores financien las indemnizaciones, pero eso es distinto a cubrir toda la indemnización”, indicó un importante empresario de servicios de la cuenca del Golfo San Jorge.
En conjunto, se estima que la readecuación de los yacimientos maduros de YPF demandará la salida de unos 2.600 trabajadores directos e indirectos. Vidal se resistió durante meses a aceptar la inevitabilidad de esa agenda -una negativa que puso en riesgo el proceso de traspaso de los bloques, tal como publicó este medio a mediados de noviembre-, pero durante diciembre terminó de avalar el achicamiento de la operación petrolera en la cuenca.
