La Justicia Federal revocó la autorización que había otorgado al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, para ser trasladado a la cárcel de Esquel, y resolvió que permanezca detenido en el penal de Rawson, donde se encuentra desde junio pasado.
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Zapata, quien en un principio había habilitado el traslado a la Unidad 14 de Esquel, de seguridad media, a pedido de la defensa del dirigente, que buscaba acercarlo a su familia radicada en Bariloche. Sin embargo, el magistrado dio marcha atrás tras la oposición formal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que consideró que el establecimiento “no reúne las condiciones necesarias” para alojar a un detenido de alto perfil.
De acuerdo con el dictamen del director del Régimen Correccional de la Nación, Gabriel Aquino, la cárcel de Esquel no dispone del nivel de seguridad requerido para un preso considerado “peligroso”, recordando que Jones Huala fue condenado en Chile por incendio intencional y portación de un arma de fabricación casera, y que es fundador y líder de la RAM, organización señalada por promover acciones violentas en la Patagonia.
Ante la decisión judicial, el dirigente mapuche retomó la huelga de hambre líquida que había suspendido días atrás, y anunció —a través de su defensa— que mantendrá la medida por tiempo indeterminado hasta obtener la autorización de traslado.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a Jones Huala, calificó el cambio de criterio judicial como “un papelón”, y sostuvo que “el juez se desentiende de sus obligaciones constitucionales y pone por encima un reglamento administrativo”.
Los letrados insistieron en que el traslado a Esquel permitiría que la familia del detenido —residente en Bariloche— pueda visitarlo con mayor frecuencia. En la actualidad, la distancia entre Rawson y Bariloche supera los 900 kilómetros, mientras que Esquel se encuentra a poco más de 400.
El expediente contra Jones Huala está encuadrado como delito complejo por asociación ilícita calificada y apología de la violencia, y su prisión preventiva se extendería hasta diciembre de 2025, aunque podría ser prorrogada hasta dos años.







