La transferencia de rutas nacionales a las provincias, contemplada en el Decreto 253/2026, incorpora un nuevo desafío para las jurisdicciones que acepten esa responsabilidad: responder por las consecuencias derivadas del estado de los caminos bajo su administración.
La medida establece que las provincias deberán mantener indemne al Estado nacional frente a eventuales reclamos administrativos o judiciales relacionados con accidentes ocurridos en los corredores transferidos. De esta manera, la discusión no sólo pasa por el financiamiento de obras y tareas de conservación, sino también por las responsabilidades legales que puedan surgir ante un siniestro.
El tema cobra especial relevancia en rutas como la 22 y la 151, donde distintas jurisdicciones analizan asumir funciones que históricamente estuvieron a cargo de Vialidad Nacional. Entre las obligaciones se encuentran el mantenimiento de la calzada, la señalización, la conservación de banquinas y la reparación de sectores considerados peligrosos.
Especialistas advierten que la responsabilidad civil no depende únicamente de quién sea titular de una ruta, sino de quién tenga a su cargo las tareas concretas de conservación y control. En ese sentido, la Justicia deberá determinar si existió incumplimiento de esas obligaciones y si existe relación directa entre las deficiencias de la infraestructura y los daños ocasionados.
Otro aspecto clave será el estado en que las provincias reciban los corredores. La documentación que refleje las condiciones de entrega y las fechas de asunción efectiva de las responsabilidades podría resultar determinante ante futuros litigios.
Para las provincias patagónicas, el traspaso implica además evaluar el impacto económico de sostener obras, reparaciones y tareas permanentes de mantenimiento, junto con los posibles costos derivados de reclamos judiciales por accidentes viales.






