La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, anunció el martes la reapertura de todas las causas judiciales que investigaban las muertes cometidas a manos de las organizaciones guerrilleras durante la década de 1970, antes y durante la última dictadura militar (1976-1983), en un acto realizado en el Congreso de la Nación.
«Argentina merece no ser un nido de impunidad. Hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años», adelantó la también presidenta del Senado durante un acto por el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, en el Salón Azul.
Villarruel, quien fue presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), afirmó que se trata de la lucha más importante de su vida.
«Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Solo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplido, poner a nuestra amada Argentina de pie», dijo.
Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron las organizaciones armadas de mayor relevancia en este país, formadas a la sombra de la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina (1966-1973), en un clima insurreccional caracterizado por decenas de puebladas entre las cuales destaca el Cordobazo, de 1969, una protesta obrera y sindical, en la provincia del centro del país, en contra del Gobierno de facto.
Aquellas puebladas debilitaron a aquel Gobierno y fueron uno de los factores de la caída y reemplazo del dictador Juan Carlos Onganía el 8 de junio de 1970, abriendo paso a elecciones que ganó el expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974).
También fueron creadas tras la Revolución de 1959 en Cuba, que impulsó la lucha armada en todo el continente.
Con el nuevo golpe de Estado, en 1976, comenzó una cacería contra estos grupos insurgentes, sin mayores resultados en cuanto a detenidos, y que establecieron un período conocido como «terrorismo de Estado», que dejó como saldo 30.000 detenidos desaparecidos, además de miles de denuncias por secuestros, torturas, asesinatos, violaciones y apropiación de bebés nacidos en cautiverio.
Muchos de aquellos dirigentes que el Estado argentino podría enjuiciar a partir del anuncio de Villarruel no sólo continuaron con sus vidas en el exilio, obligados por la persecución militar, sino que también continuaron participando en la esfera de la política, siendo la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, uno de esos casos.
Según estimaciones del CELTYV, se trata de 1.094 asesinatos y una cifra potencial y global de 17.000 víctimas, entre muertos, heridos y secuestrados, muchos de ellos, militares, policías o familiares de las fuerzas de seguridad.
Con el regreso de la democracia, la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989) brindó las garantías para que se realice el llamado Juicio a las Juntas que condenó a los militares por crímenes de lesa humanidad.
Con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), el Gobierno argentino abordó una política de recuperación histórica bajo el lema de «Memoria, Verdad y Justicia» que, entre otras cosas, restituyó la identidad de 133 hijos de desaparecidos que fueron expropiados de bebés.
En vísperas del más reciente aniversario del golpe militar, el Gobierno publicó un video en el que pide justicia por las víctimas de las organizaciones guerrilleras y niega la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos.
También renombró el 24 de marzo como «el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa». (Sputnik)
