El diputado nacional Maximiliano Ferraro, junto al Bloque de la CC ARI, presentaron un proyecto de ley para prevenir la ludopatía y reducir los daños en la salud y la vida de las personas. La iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar, en todas sus formas o modalidades: las tradicionales y/o las que están en auge como las realizadas a través de influencers o equipos deportivos.
“Tenemos que enfrentar seriamente la epidemia de la ludopatía. El juego compulsivo está siendo un problema a nivel global, el mayor acceso a través de los juegos en línea está afectando la vida de miles de jóvenes y familias. En nuestro país la situación económica agrava la situación. Por eso, consideramos fundamental legislar sobre este tema”, sostiene el diputado autor del proyecto.
“La práctica de jugar o realizar apuestas no es un delito pero hacerlo compulsivamente puede ser perjudicial y nocivo para la salud personal y para la vida familiar, es urgente que el Congreso se ocupe de este problema que está creciendo”, agregó Ferraro.
En una encuesta realizada recientemente por la ONG Chicos.net, docentes de todo el país respondieron que sus alumnos están cooptados por las apuestas online. “No es cuestión de nivel socioeconómico. En una escuela ABC1 de la zona norte todos los chicos de secundaria dijeron que conocían alguien que apostaba en los juegos online. Mientras que docentes de escuelas de barrios muy carenciados nos contaron que también había chicos apostando en el colegio y, cuando llamaron a las familias para comentarles esta problemática, una madre les dijo que ella estaba contenta porque su hijo estaba ganando dinero”, revela directora de la ONG, Marcela Czarny.
El proyecto presentado limita los medios de pago al uso de efectivo o tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, excluyendo el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.
Para la modalidad de apuestas en línea, se exigirá la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión, disposición fundamental para proteger a los niños y jóvenes de la ludopatía. Además propone que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de exigencias de juego responsable que permitan a los consumidores tener información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero, secciones de ayuda y asistencia, etc.
El proyecto de ley también establece criterios mínimos a seguir por las autoridades locales respecto del funcionamiento de las salas físicas de apuestas en relación a su localización, franjas horarias de apertura, cercanía a cajeros y prohibiciones de estrategias de fidelización de clientes.
Propone un registro nacional de autoexclusión voluntaria por el que las personas podrán solicitar su propia inscripción y así autoexcluirse hasta 24 meses de las salas o plataformas de juego, no solo en su jurisdicción, sino en todo el país a partir de la articulación e interoperabilidad de los registros ya existentes. Las familias también podrán solicitar la inscripción de un familiar en el registro, la que se hará efectiva solo con el consentimiento voluntario de éste.
Entre otras medidas, se establece la obligación para las salas y plataformas de reproducir mensajes disuasivos y se dispondrán canales públicos de comunicación y asistencia, manuales de comunicación responsable, campañas de concientización y difusión.
Con una mirada integral de la problemática, el proyecto incorpora exigencias en materia de transparencia a través de un régimen de incompatibilidades para los titulares de las licencias de juegos y de los apostadores, como así también principios para resguardar la seguridad y protección de los datos personales.
Todas estas medidas y condiciones mínimas tienen en el proyecto sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados.
