La Fiscalía dio un paso clave en la investigación por un violento ataque ocurrido el 19 de agosto.
En una audiencia de formalización, el juez interviniente dio por abierta la investigación y dispuso estrictas medidas de coerción contra cinco personas acusadas de haber actuado de forma coordinada para atentar contra la vida de un hombre, quien salvó milagrosamente su vida tras permanecer varios días en terapia intensiva.
El hecho fue calificado provisoriamente como tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Un ataque planificado y emboscada
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el hecho se desencadenó la tarde del 19 de agosto a partir de una secuencia coordinada:
La víctima caminaba junto a su familia cerca del centro de la ciudad cuando fue abordada con amenazas por dos personas (un hombre y una mujer). Esta última habría avisado por teléfono la ubicación de la víctima.
Minutos más tarde, dos agresores se presentaron en la casa del damnificado y efectuaron disparos de arma de fuego para obligarlo a salir.
Al salir la víctima a defenderse, persiguió a los atacantes hacia un sector donde aguardaban ocultos otros dos integrantes del grupo.
En ese lugar se produjo una golpiza generalizada en la que el hombre recibió tres puñaladas en el tórax —atribuidas a un menor de edad—, además de sufrir cortes y golpes antes de que los agresores huyeran.
A raíz de las heridas, la víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital local con acumulación de sangre y aire en los pulmones, permaneciendo internada en estado crítico hasta el 26 de agosto.
Los planteos de la defensa
Durante la audiencia, la Defensa Pública cuestionó la reconstrucción de la Fiscalía. Señaló la existencia de enemistades previas y disputas cruzadas entre las familias involucradas.
Asimismo, argumentaron que no existía evidencia concreta de la participación individual de algunos acusados —mencionando que uno de ellos aseguró estar al cuidado de sus hijos al momento del hecho— y remarcaron que no había peligro de fuga, destacando que uno de los jóvenes se presentó voluntariamente ante las autoridades. En relación al menor involucrado, se solicitó evitar la privación de libertad por tratarse de una medida de último recurso legal.
La decisión del juez
Al evaluar los riesgos de fuga por la gravedad de la pena en expectativa y el peligro de que se intimide a testigos del barrio —quienes manifestaron temor a declarar—, el magistrado resolvió ordenar las siguientes medidas:
Prisión preventiva por 6 meses para tres de los adultos imputados, a cumplirse en dependencias policiales.
Alojamiento en un centro especializado para jóvenes (COSE) por 3 meses para el menor imputado.
Presentaciones semanales ante la Justicia por 6 meses para la mujer imputada, atendiendo a su situación familiar y rol en el hecho.
Asimismo, el magistrado indicó a la Fiscalía que profundice las medidas de prueba, como el relevamiento de cámaras de seguridad, para verificar o descartar las coartadas presentadas por los acusados mientras avanza el período de investigación.
