Un juez federal argentino dispuso el procesamiento de siete ciudadanos iraníes y un libanés por asumir que participaron en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, que causó 85 muertos, informaron este lunes fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
«El juez federal Daniel Rafecas decretó hoy el procesamiento de ocho responsables por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA», señalaron a esta agencia desde los tribunales federales de Buenos Aires.
En una resolución de más de 600 páginas, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 6 impuso un embargo a cada responsable de 500 millones de dólares por el atentado, que además causó 151 heridos y graves daños materiales.
El juez consideró probado que los acusados compraron una camioneta marca Renault Trafic el 10 de julio de 1994 en la que cargaron 300 kilogramos de amonal y trinitrotolueno (TNT), y que el viernes 15 la dejaron preparada en un estacionamiento público a unos 400 metros de la sede de la AMIA.
Según el juez, los responsables aguardaron hasta la media mañana del lunes 18 para hacerla explotar en el momento que había una mayor concurrencia al edificio.
Rafecas pudo tomar esa decisión a raíz del régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), un mecanismo procesal que permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos y nunca se presentaran ante las autoridades judiciales del país sudamericano.
Así fueron procesados como autores mediatos los iraníes Alí Fallahijan, en aquel momento ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, que ejercía como ministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, que era comandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, que era comandante de la fuerza Al Quds (de la Guardia Revolucionaria).
También fueron procesados como cómplices necesarios quien fuera Embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpour; el activista religioso fundamentalista Mohsen Rabbani, radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la Embajada iraní en Argentina; y quien era agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Reza Asghari.
El último procesado es Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), considerado un agente libanés de la organización chiíta Hizbulá, por ser considerado responsable de haber coordinado la etapa final del atentado.
FUNDAMENTOS
En la reconstrucción, el juez consideró que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hizbulá, que organizó su ejecución mediante una red de apoyo regional y local con base en la denominada triple frontera (en donde confluyen la ciudad paraguaya de Ciudad del Este, la brasileña de Foz de Iguazú, y la argentina de Puerto Iguazú).
Según Rafecas, el atentado fue un crimen de lesa humanidad, por tratarse de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.
En la misma resolución, el magistrado dispuso la falta de mérito respecto de los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, y no trató la situación del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y del líder de Hizbulá, Imad Mughniyeh, debido a que fueron asesinados, el primero este año por parte de EEUU, y el segundo en 2008 en un atentado en Siria.
El juez tampoco abordó la situación de Alí Hussein Abdallah, libanés vinculado a Hizbulá, fallecido en 2020.
En el análisis de la resolución, Rafecas dio por probado que el atentado a la AMIA fue coordinado con un segundo ataque a la comunidad judía que fue perpetrado al día siguiente en Panamá, donde explotó un avión de línea que mató a sus 3 tripulantes y a 17 pasajeros, 12 de los cuales eran de la colectividad judía local, en una causa que todavía investiga la justicia del país centroamericano.
Según señala el juez en su sentencia, los dos atentados fueron reivindicados en forma conjunta por Hizbulá desde el Líbano a través de una denominación de cobertura llamada «Ansar Allah».
El magistrado dio intervención a la Corte Suprema ante la posible conexión de esta causa con la que investiga el atentado a la Embajada de Israel de Argentina de 1992.
Los procesamientos podrán ser apelados por la defensa oficial a cargo del abogado Hernán Silva, y de ser confirmados por instancias superiores, habilitará al juzgado a que se pronuncien la fiscalía, las querellas y la defensa oficial, para luego dictar el auto de elevación a juicio oral y público del caso.
En el marco de una causa que indagaba el encubrimiento del ataque a la AMIA, el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, responsabilizó en abril de 2024 a Irán y a Hizbulá por el ataque a la mutual judía y también por el atentado a la embajada israelí en 1992, que a su vez provocó 22 muertes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó en junio de 2024 al Estado argentino por no haber adoptado medidas para evitar el atentado contra la mutual judía y por no haber investigado con la diligencia requerida el ataque y su encubrimiento. (Sputnik)
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