La Legislatura Provincial del Chubut aprobó este jueves 17 de septiembre una ley destinada a proteger los ingresos de trabajadores públicos, jubilados y pensionados frente a condiciones crediticias abusivas.
La norma establece un límite del 25% para las deducciones sobre los haberes, fija topes al costo financiero de los préstamos y crea un Programa de Alivio Financiero para facilitar la cancelación y refinanciación de deudas de familias chubutenses.
El texto regula el funcionamiento de las entidades que operen mediante códigos de descuento, imponiendo límites sobre el porcentaje de los haberes que podrá ser afectado y sobre el costo financiero total de los créditos. Además, exige que cada operación sea informada previamente y cuente con autorización expresa del trabajador o jubilado.
Uno de los puntos centrales dispone que las deducciones no podrán superar el 25% de la remuneración bruta y que el ingreso neto resultante no podrá ser inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier descuento.
Desde la Gobernación
El gobernador Ignacio Torres celebró la aprobación de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo:
“Dimos un paso fundamental para terminar con un sistema que durante años permitió que algunas entidades hicieran un negocio con la necesidad de los trabajadores. A partir de esta ley vamos a tener reglas claras, límites concretos y herramientas para proteger el salario de los chubutenses”, expresó.
Torres recordó que la propuesta surgió tras la decisión del Gobierno Provincial de dar de baja los códigos de descuento utilizados para debitar automáticamente préstamos con tasas superiores al 340% anual.
Límites al costo de los créditos
La ley fija un tope máximo al Costo Financiero Total de los préstamos otorgados por entidades inscriptas en el registro oficial, que no podrá superar en cinco puntos porcentuales la tasa informada mensualmente por el Banco del Chubut para sus créditos personales.
Programa de Alivio Financiero
El programa permitirá acceder a créditos para refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales, con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
Con esta medida, el Gobierno busca reducir la carga financiera de los hogares y proteger los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados de la provincia.
