El caso del funcionario policial Carlos Gustavo Perrota (50), declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género, ingresó en la etapa final. En la audiencia de alegatos para fijar la sanción, la Procuradora Luciana Coppini solicitó al tribunal que se le imponga la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, la defensa pidió que se aplique el mínimo legal de la escala penal prevista para este tipo de delitos. Finalmente, el juez Alejandro Rosales, informó que el 16 de septiembre dará a conocer la totalidad de la sentencia y su resolución respecto de la pena a imponer.
Agravantes y atenuantes
El pedido de pena fue fundamentado por la representante de fiscalía analizando los motivos que pueden aumentar el castigo (agravantes) y los que pueden disminuirlo (atenuantes).
Agravantes contra el imputado:
. El hecho ocurrió en el interior de una comisaría: Un lugar de protección y prevención del delito para toda la comunidad.
. La naturaleza del hecho: El abuso sexual fue cometido públicamente frente a los compañeros de trabajo de la víctima.
. La extensión del daño causado: La vergüenza que produjo en la víctima haber sido humillada, ridiculizada y ultrajada.
. El grado de instrucción y la edad del agresor: La teoría del caso de la defensa fue presentar el caso como una broma pesada que la denunciante interpreto de manera equivocada. Para la fiscalía, un funcionario policial con esa jerarquía (suboficial) no puede desconocer las normas establecidas por la ley sobre las cuestiones de género.
. La jerarquía del imputado: Los testimonios acreditaron que Perrota intentó en varias ocasiones que la víctima no presentara la denuncia en su contra.
Atenuantes y reglas de conducta
Para el Ministerio Público Fiscal, el único punto a favor del autor del delito es que no registra antecedentes penales computables. Por otra parte, Coppini requirió que el condenado se someta al cumplimiento de reglas de conducta. En los próximos tres años, Perrota no puede establecer contacto de ningún tipo con la víctima, deberá realizar un curso sobre violencia de género y asistir a una consulta profesional a los fines de establecer si necesita algún tipo de tratamiento psicológico.
Por su parte, el defensor particular Enrique Paredes solicitó al tribunal que aplique la pena mínima de la escala penal habilitada para este tipo de hechos. También requirió que se rechace el pedido de inhabilitación especial perpetua.
El caso
El hecho investigado por la Procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, ocurrió en abril de 2025, en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, ubicada sobre Avenida San Martín y Avenida Ingeniero Coronel. Según consta en la denuncia, el funcionario policial desarrolló conductas inapropiadas contra una policía femenina que se encontraba en ese lugar, junto a un grupo de compañeros de trabajo.
