El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción promovida por el CECIM La Plata y la AAdeAA contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero “León Marino” sobre la plataforma continental argentina en la zona de Malvinas. La decisión constituye un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado.
Al hacer propios, en lo sustancial, los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado sostuvo que existen razones concurrentes por la materia, el territorio y la jurisdicción internacional que justifican la intervención de la Justicia Federal. La resolución parte de una realidad física que el derecho no puede ignorar: el Atlántico Sur constituye un sistema ambiental conectado por corrientes, dinámicas oceanográficas y ecosistemas que atraviesan jurisdicciones. Una afectación producida allí puede proyectarse sobre recursos ambientales interjurisdiccionales del Mar Argentino y de las Islas del Atlántico Sur. La participación de la AAdeAA como copresentante de la acción expresa precisamente esa dimensión ambiental del conflicto y la necesidad de una tutela preventiva frente a un proyecto capaz de producir impactos que exceden cualquier frontera administrativa.
El segundo fundamento es territorial y resulta especialmente significativo. El Tribunal consideró que la infraestructura cuestionada —pozos submarinos, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers— se proyecta materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a jurisdicción marítima argentina. El espacio marítimo deja de ser una abstracción dibujada sobre un mapa: es territorio, patrimonio natural y ámbito de ejercicio de soberanía.
Pero la resolución avanza todavía más. El Juzgado señala expresamente que detrás de la controversia ambiental subyace la defensa de la soberanía nacional, concebida como un bien colectivo indivisible que posee interés federal por autonomía. Este reconocimiento resulta central para el CECIM y para la AAdeAA, que concurren en esta acción desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados. La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos.
Desde hace décadas sostenemos que Malvinas debe ser pensada desde todas sus dimensiones: territorio, memoria, derechos humanos, ambiente, recursos naturales y futuro. La ocupación colonial también produce consecuencias materiales cuando permite avanzar unilateralmente sobre bienes que pertenecen al pueblo argentino. Cada pozo proyectado sobre nuestra plataforma continental interpela, al mismo tiempo, al derecho ambiental y al principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales. La acción conjunta del CECIM y la AAdeAA parte justamente de ese cruce: proteger el ambiente del Atlántico Sur supone también defender la potestad soberana de la República Argentina sobre su territorio y sus recursos.
La resolución también reconoce el carácter colectivo de la controversia, al considerar que se encuentra involucrado un bien de titularidad indiferenciada y afectación común, y ordena consultar el Registro Público de Procesos Colectivos. Asimismo, dispuso dar intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado, atendiendo a los intereses patrimoniales y ambientales comprometidos y a las competencias concurrentes existentes en materia ambiental.
El expediente continuará ahora con el cumplimiento de los requerimientos ordenados por el Tribunal y el posterior análisis de la admisibilidad formal de la acción colectiva. Las medidas preventivas solicitadas todavía no fueron resueltas: su tratamiento fue diferido hasta que se cumplan esos pasos procesales.
Para el CECIM y la AAdeAA, esta resolución marca un punto importante en un camino que recién comienza. La Justicia Federal argentina afirmó su competencia para mirar hacia el Atlántico Sur y reconoció que allí están comprometidos el ambiente, el territorio y la soberanía nacional. Malvinas también se defiende haciendo efectivo el derecho allí donde otros pretenden convertir nuestros bienes naturales en hechos consumados.
