(Ana Delicado Palacios) Una de las querellas que identifica a trece familias de los 44 tripulantes fallecidos a bordo del submarino San Juan de la Armada argentina, naufragado en noviembre de 2017, cuestionó en diálogo con la Agencia Sputnik el fallo que el miércoles condenó a tres años en suspenso a un exjefe de la fuerza naval, Claudio Villamide, y absolvió a otros tres.
«Se han producido violaciones severas a derechos constitucionales adquiridos», sostuvo el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos en el navío.
A ocho años y siete meses del naufragio del navío de la Armada argentina con sus 44 tripulantes a bordo, Tagliapietra afirmó que ya planteó ante la Corte Suprema la incompetencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz (sur) que condenó a Villamide y absolvió a otros tres exjefes de la Armada.
En el fallo, dado a conocer hace unas horas, los jueces de ese tribunal condenaron a Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años en suspenso, y además decretaron su inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo, agravado por el resultado de muerte.
El tribunal también decretó la absolución del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo –excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, el máximo cargo operativo en esa fuerza–, para quien la fiscalía solicitaba cinco años de prisión, al igual que para Villamide.
El tribunal además absolvió al capitán de navío retirado Héctor Alonso, para quien la fiscalía pedía cuatro años de cárcel, y al capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, al que le correspondían tres años de reclusión, según el Ministerio Público Fiscal.
Tagliapietra, quien ya había comentado a esta agencia que el juicio le parecía «una farsa», aseguró que «la Armada mintió» cuando señaló que el navío estaba en aguas internacionales a 300 millas de la costa, pues el buque fue encontrado a 275 millas.
«Denunciamos el hecho como «foro de conveniencia» (consistente en elegir la jurisdicción o el tribunal que se considera más conveniente) y planteamos la incompetencia ante la Corte Suprema, porque las leyes que regulan la competencia territorial de los juzgados federales la limitan hasta la milla 200 al este», señaló.
El abogado, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, que tenía 27 años el 8 de noviembre de 2017, cuando el San Juan zarpó por última vez desde la ciudad patagónica de Ushuaia (sur), en la provincia de Tierra del Fuego (sur), aseguró que recurrirá el fallo del Tribunal de Santa Cruz y que además planteará la nulidad del juicio.
«Los hechos imputados fueron cometidos en Mar del Plata (ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires donde el submarino tenía su atracadero habitual) y Bahía Blanca, por todo eso Santa Cruz es incompetente y se violó la garantía del juez natural, según el artículo 18 de la Constitución Nacional», afirmó.
En su último contacto con tierra, a las 8:52 hora local (11:52 GMT) del 15 de noviembre de 2017, el submarino San Juan informó que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que provocó un principio de incendio.
Dos horas después, a las 10:51 hora local (13:51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del navío, en coincidencia con el recorrido que cursaba desde Ushuaia hasta Mar del Plata.
A un año de su desaparición, el buque estadounidense Ocean Infinity halló la embarcación argentina a 907 metros de profundidad frente al Golfo San Jorge, en el Mar Argentino. (Sputnik)
