«Este juicio es muy relevante porque tiene que ver con ese manto de impunidad con que se trató de dejar en el olvido lo que pasó», explicó el letrado.
El proceso, que comenzó el miércoles, se constituye como el mayor acto de reparación que pueden recibir las víctimas a más de 70 años de los fusilamientos perpetrados por la policía de la provincia de Buenos Aires (este) contra doce personas en unos basurales situados en la localidad de José León Suárez, al noroeste de esa jurisdicción.
Acusadas de levantarse contra el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, cinco de esas 12 personas fueron asesinadas y otras siete lograron escapar.
«Por eso estos hechos son caracterizados como delitos de lesa humanidad, que fueron cometidos por el Estado dictatorial en ese momento», refirió Palacio en alusión a la dictadura cívico-militar, conocida como Revolución Libertadora, que con un golpe de Estado derrocó al entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y que se prolongó hasta 1958.
FUSILADO QUE VIVE
El miércoles, en la primera jornada de este juicio emblemático, brindó su testimonio Juan Carlos Livraga, el «fusilado que vive», según descubrió y reveló de manera magistral en «Operación Masacre» (1957), considerado uno de los más grandes libros de investigación periodística del país, Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura (1976-1983).
Livraga, que vive en EEUU desde hace más de seis décadas, brindó su testimonio «a través de una declaración que formuló por escrito y envió por correo, y cuya autenticidad fue certificada vía zoom», explicó el abogado.
«Es un hombre que cumple 95 años por estos días, y tiene determinadas dificultades para trasladarse, pero por suerte, se pudo certificar su declaración también a través de manifestaciones que había realizado con anterioridad», profundizó Palacio.
No queda ningún otro sobreviviente entre las víctimas ni queda vivo «ninguno de los actores directos de los asesinatos e intentos de asesinatos que se produjeron de la noche del 9 al 10 de junio de 1956», certificó el abogado, como uno de los promotores de este proceso.
«Es por eso que el marco de este juicio se llama «por la verdad», destacó Palacio.
El juicio, que tiene lugar a pocos metros de donde ocurrieron los fusilamientos, «tiene un contenido reparatorio que hace fortalecimiento de la memoria, la verdad y la justicia, con la posibilidad de que esa verdad quede enmarcada en una sentencia judicial dictada por un órgano del sistema republicano como es el Poder Judicial, constitucional e independiente, que es el que tiene que juzgar estas conductas aunque no lo haya hecho tiempo», planteó el letrado.
El proceso de pesquisa y recolección de pruebas comenzó con la denuncia que presentó Palacio en junio de 2022.
«Fueron en total cuatro años de investigación, que consistieron en incorporar documentación y testimonios que ya habían sido volcados en otras instancias para mostrar que estos actos fueron una barbaridad y arbitrariedad manifiesta, de una ilegalidad absoluta, sin normas y sin ningún tipo de procedimiento judicial», constató el abogado.
Lo insólito, a juicio de Palacio, «es que no se haya hecho un juicio en todo este tiempo».
«Lo que pudimos hacer en estos cuatro años fue certificar todas las pruebas que existían en lugares dispersos, reunir todo en un expediente, incorporar algunos elementos nuevos que certificaban más aún la ilegalidad de todo el procedimiento, y de esa manera, hacer que la causa pase a juicio», refirió.
Este lunes, en la última audiencia del proceso que en total tendrá una duración de cinco días, la querella manifestará en su alegato, a través de Palacio, «cuál es la pena que le hubiera correspondido a cada responsable si hubiera sido juzgado en el tiempo oportuno».
Aunque llega tarde, el juicio permitirá así que los crímenes cometidos hace 70 años «sean reconocidos como delitos de lesa humanidad, por ser imprescriptibles, y tener así una justicia reparadora» para las víctimas y sus familiares, de acuerdo al abogado.
Argentina mantiene vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia también con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, al haber sabido juzgar a los criminales que formaron parte del terrorismo de Estado y que causaron 30.000 detenidos-desaparecidos, además de apropiarse de unos 500 bebés que nacieron en cautiverio, arrebatados de sus madres parturientas para sustraerles su identidad y darlos en adopción a otras familias. (Sputnik)
