La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se expresó en línea con las gestiones realizadas por CAME y CAC ante autoridades nacionales, solicitando herramientas de regularización fiscal que no comprometan la continuidad operativa de las pequeñas y medianas empresas.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly realiza un reclamo institucional en conjunto con las gestiones impulsadas a nivel nacional por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en relación con el impacto que generan sobre las PyMEs determinados procedimientos de fiscalización, embargos y actuales condiciones de regularización fiscal.
Las presentaciones elevadas ante el Ministerio de Economía de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) plantean la necesidad de contar con herramientas que permitan a las pequeñas y medianas empresas regularizar sus obligaciones fiscales bajo condiciones compatibles con su capacidad real de pago, evitando que los mecanismos de cobro afecten su funcionamiento cotidiano.
En particular, se advierte que la aplicación de embargos sobre cuentas bancarias o sobre sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes puede producir una interrupción directa del capital de trabajo. Para una PyME, esa situación no solo implica una dificultad administrativa o financiera puntual, sino que puede afectar la posibilidad de afrontar compromisos corrientes como el pago de salarios, proveedores, alquileres, servicios, impuestos y costos financieros.
Esta problemática debe analizarse con criterio de oportunidad y con una mirada integral sobre el funcionamiento de las empresas. Cuando se interrumpe el flujo financiero de una unidad productiva o comercial, también se ve afectada la cadena de pagos, la reposición de mercadería, la prestación de servicios, el sostenimiento del empleo y la continuidad de la actividad económica local.
El reclamo reconoce la importancia del cumplimiento fiscal y las facultades del Estado para resguardar el crédito público. Sin embargo, plantea la necesidad de que las herramientas de fiscalización y cobro se complementen con mecanismos de regularización razonables, progresivos y sostenibles, que permitan a los contribuyentes ordenar su situación sin quedar paralizados en el proceso.
En ese sentido, se eleva el pedido de establecer planes de facilidades de pago con plazos más amplios, tasas más accesibles y condiciones acordes a la realidad económica y financiera de las PyMEs. Del mismo modo, se solicita que se revise la aplicación de medidas precautorias que puedan afectar la operatoria normal de empresas con voluntad de cumplimiento.
El entramado productivo y comercial de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y la región está integrado en gran medida por pequeñas y medianas empresas, comercios, prestadores de servicios, emprendedores y unidades productivas que sostienen empleo, inversión, circulación comercial y actividad económica. Por ello, generar condiciones que favorezcan la regularización fiscal sin comprometer la continuidad operativa resulta beneficioso tanto para las empresas como para el propio Estado, en la medida en que permite preservar la actividad y fortalecer la capacidad futura de cumplimiento y recaudación.
“Desde la Cámara entendemos que el cumplimiento fiscal debe ser compatible con la realidad operativa de las PyMEs. Una empresa que pierde de manera abrupta su capital de trabajo ve afectada su capacidad de pago, su relación con proveedores, su funcionamiento diario y su posibilidad de sostener empleo y actividad. Por eso consideramos necesario avanzar en herramientas equilibradas, que permitan regularizar obligaciones sin poner en riesgo la continuidad de las empresas”, señalaron desde la entidad.
Finalmente, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly ratifica su compromiso de continuar trabajando junto a entidades provinciales y nacionales en defensa de condiciones razonables para el desarrollo del comercio, la industria, los servicios y la producción, promoviendo una agenda de diálogo, responsabilidad fiscal, sostenibilidad empresaria y articulación público-privada.
