Un juez federal otorgó al Gobierno un plazo de tres días hábiles para regularizar las deudas con los prestadores de discapacidad, al conceder una medida cautelar en respuesta a un amparo colectivo presentado por organismos del sector.
«Máximo de 72 horas», fue el plazo que otorgó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Juzgado Federal n° 3 de Córdoba (centro), según informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.
Los organismos que fueron intimados a cumplir con los pagos atrasados desde diciembre son el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que en Argentina brinda cobertura de salud gratuita a los adultos mayores.
La medida ordena a la actual gestión actualizar el pago de las pensiones no contributivas y de los que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La cautelar otorgada por el magistrado regirá por los próximos seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, si bien se da por descontado que el Gobierno apelará la resolución judicial.
El Ministerio de Salud alegó que las demoras en los pagos se inscribían a «un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo», según recoge el fallo judicial.
Hace casi un mes, centenares de personas se movilizaron este miércoles al Ministerio de Salud para protestar por el retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles en el sector de discapacidad.
La manifestación advirtió por la crisis que atraviesa el sector, debido al retraso en los valores de los aranceles, estimado en un 40 por ciento.
La movilización también manifestó su rechazo a los intentos del oficialismo por sancionar en el Congreso una nueva Ley de Discapacidad.
Por un exhorto de la justicia, la actual gestión del mandatario, Javier Milei, reglamentó en febrero la ley que declara hasta diciembre de 2026 la Emergencia Nacional en Discapacidad, normativa sancionada por el Congreso en julio y ratificada en septiembre frente a un veto presidencial.
Al estimar el impacto de la normativa actual, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que tendría un costo fiscal de entre el 0,2 por ciento y el 0,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que el número de beneficiarios por nuevas altas oscilaría entre las 493.000 y 946.000 personas. (Sputnik)
