La justicia argentina analiza una investigación interna del Ministerio de Salud que detectó sobreprecios de hasta 4.239 por ciento en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, bajo la gestión de su entonces titular, Diego Spagnuolo, quien actualmente se encuentra procesado.
«El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público», señala el documento que investiga la justicia.
Uno de los casos es la factura 3825, que detecta un sobreprecio de 4.239 por ciento en la adquisición de un andador respecto al valor de referencia del mercado y el desembolso que realizó el Estado a través de la Andis cuando era dirigido por Spagnuolo, abogado y amigo del presidente, Javier Milei.
También constan sobreprecios de más del 2.000 por ciento en la compra de sillas de ruedas, o de 1.972 por ciento en la obtención de una endoprótesis, «más de 19 veces el valor abonado por otro organismo del Estado», refiere el documento.
Las empresas proveedoras de insumos médicos y ortopédicos que están en la mira son Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., Bymax Medical, y Expo Trauma, y Ortopedia Bernat S.R.L..
Los insumos que presuntamente se comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud, con prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
En total se constataron «505 expedientes que comprometen un presupuesto total de pesos 18.368.585.604,78» (12,9 millones de dólares).
«La gravedad de los hallazgos sugiere una vulneración de los principios de eficiencia, transparencia y economía que deben regir toda contratación pública», reconoce el estudio de la cartera de Salud.
El documento, firmado por las autoridades del ministerio el 10 de abril, denuncia además una «red de interconexión entre los proveedores adjudicatarios» que «vulnera el principio de concurrencia y transparencia».
El informe fue incorporado al expediente a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo que investiga los presuntos fraudes millonarios en los que incurrió la Andis, y en el que está procesado Spagnuolo por cohecho, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso se descubrió en agosto, a partir de unos audios atribuidos a Spagnuolo en los que admitía una supuesta trama de corrupción en el seno del organismo a través de la compra de medicamentos, lo que motivó la remoción inmediata del ahora exfuncionario.
El sistema de sobornos en la compras de medicamentos a una droguería, la Suizo Argentina, también involucran a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como receptora del tres por ciento de la facturación.
El fiscal Picardi acreditó que los actos de corrupción se ejecutaron, al menos, desde diciembre de 2023, cuando asumió la actual gestión, y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la Andis direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las adquisiciones, a cambio de retornos y dádivas de diverso tipo.
Más de 20 empresarios, a través de más de 30 firmas, formaron parte de este entramado delictivo, según la investigación judicial.
El Gobierno del presidente Javier Milei informó el 30 de diciembre que eliminaría la Andis y que sus funciones serían absorbidas por el Ministerio de Salud. (Sputnik)
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