Los docentes de las universidades públicas argentinas llevan adelante desde este lunes una huelga que podría extenderse por tiempo indeterminado, informó a la Agencia Sputnik la secretaria general de Asociación Gremial de Docentes (AGD) en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Laura Carboni.
«Arrancamos hoy los docentes nucleados en la Federación Nacional de Docentes, Investigadores/as y Creadores/as Universitarios (Conadu) y su rama histórica», confirmó a este medio la referente de uno de los 63 gremios que integran esas agrupaciones.
En el primer paro universitario nacional que afectará el inicio del curso lectivo este año, los docentes reclaman un aumento salarial para compensar la falta de actualización de sus sueldos, ante la inflación acumulada en estos últimos meses.
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno se resiste a ejecutar, es otro de los reclamos que motivan la huelga.
Los salarios básicos de los docentes de las universidades públicas deberían aumentar un 55,4 por ciento de haber entrado en vigor esta normativa, alegó la AGD, que propone que la huelga se extienda por tiempo ilimitado.
Por ello, «tenemos asamblea el jueves 19 para ver la continuidad a la semana siguiente», comentó Carboni.
Conadú, de momento, confirmó que el paro se extenderá a lo largo de esta semana, y que retomarán las medidas de fuerza en la última semana del mes y la semana del 27 de abril.
De confirmarse la huelga por tiempo ilimitado, los docentes universitarios llevarían adelante una medida que no tiene precedentes en el transcurso de la actual gestión, que comenzó en diciembre de 2023.
Los sindicatos adscritos a Conadu también promueven una marcha federal para el 23 de abril, que incluirá la instalación de carpas para visibilizar su lucha «por la universidad y la soberanía».
El Gobierno de Javier Milei no solo se resiste a reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario, sino que envió un nuevo proyecto al Congreso, pese a que esa normativa fue sostenida y ratificada por el parlamento frente al veto del presidente, por lo que dejó sin efecto el rechazo del mandatario.
En diciembre de 2025, un juez federal dictó una medida cautelar por la que suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley, al tiempo que dejaba en el aire su aplicación hasta que el Congreso indicara cuáles serían sus fuentes de financiamiento, medida que fue apelada por el Ejecutivo.
La ley de gasto público aprobada por el Congreso, que proyecta una inflación del 10,1 por ciento para 2026 (cuando ya solo en el primer bimestre de este año el aumento de precios fue del 5,8 por ciento), reserva una asignación para las universidades nacionales que implicaría una caída real del 3,5 por ciento respecto al presupuesto del año anterior.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales, señaló que para evitar el deterioro financiero del sistema sería necesario una partida un 61 por ciento superior a la asignada.
El sistema educativo superior perdió en 2025 casi un nueve por ciento real respecto a 2024, y se hundió más del 30 por ciento desde que asumió la actual gestión. (Sputnik)
