El texto, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de febrero de 2026, destaca que la reforma es una de las “reformas estructurales” prometidas por el presidente Javier Milei y sostiene que está destinada a “terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.
Según el comunicado, la nueva normativa apunta a promover la creación de trabajo registrado, reducir la informalidad, adaptar las normas laborales al siglo XXI y disminuir la burocracia. Además, subraya como uno de los ejes centrales “el fin de la industria del juicio en la República Argentina”.
Desde la Presidencia señalaron que la ley simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores. También menciona incentivos para la formalización del empleo y mecanismos para reducir la conflictividad judicial, con especial foco en pequeñas y medianas empresas.
En el tramo final del documento, el mandatario agradece a los legisladores que acompañaron el proyecto y manifiesta su expectativa de contar con el mismo compromiso para las próximas reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso.
El proyecto aprobado en Diputados deberá ahora volver al Senado para la convalidación de los cambios introducidos durante el debate en la Cámara baja.
