El Gobierno argentino denunció por terrorismo a 17 personas arrestadas durante una movilización que hubo el miércoles frente al Congreso mientras el Senado se aprestaba a dar media sanción a una reforma laboral promovida por el oficialismo.
«El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques», anunció este viernes el jefe de Gabinete de Ministros y portavoz presidencial, Manuel Adorni, en las redes sociales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió en la víspera el nombre de cuatro personas identificadas en los disturbios, que se generaron después de que encapuchados aislados tiraran piedras y bombas molotov a las Fuerzas de Seguridad desplegadas frente al parlamento, lo que provocó que los agentes dispersaran la protesta, que hasta entonces había sido pacífica.
«Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional», alegó el jefe de Gabinete de Ministros al justificar la acción del Gobierno.
Para la ministra de Seguridad, «se les acabó la impunidad (…): el que las hace, las paga», señaló al repetir uno de los eslóganes que heredó de su precedesora, la actual senadora Patricia Bullrich.
La manifestación del miércoles, convocada por las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y por gremios adscritos a la Confederación General del Trabajo (CGT), la otra central sindical del país, movilizó a miles de personas contra la reforma laboral del gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha).
Agrupaciones y fuerzas de izquierda manifestaron sus sospechas de que eran infiltrados los individuos aislados que provocaron los primeros incidentes, y que por eso el camión hidrante que apuntaba contra ellos no llegó a dispersarlos.
Decenas de personas fueron detenidas durante la marcha, pero fueron liberados de manera paulatina en las últimas horas por falta de pruebas.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que «una amplia cantidad de efectivos salió a detener arbitrariamente a personas que seguían estando de manera no violenta en la Plaza Congreso».
Varias personas también resultaron heridas durante la represión de las Fuerzas de Seguridad, incluidos trabajadores de prensa.
El proyecto de ley aprobado en el Senado por 42 votos a favor y 30 en contra, que modifica el régimen de trabajo actual -vigente desde 1974-, habilita jornadas de hasta doce horas diarias a través de un banco de horas que remplazaría por horas libres o jornadas reducidas el pago del tiempo adicional trabajado.
El texto autoriza al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días, y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.
La iniciativa del oficialismo también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales.
Se establece asimismo un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente, y como tal, no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.
La iniciativa también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece además la derogación de estatutos profesionales; entre ellos el del periodista profesional.
Uno de los artículos más controvertidos del proyecto es el que autoriza al empleador a pagar a su empleado solo el 50 por ciento de su remuneración en caso de este sufra una accidente o una enfermedad que no se derive de sus tareas laborales y se vea impedido de trabajar.
El texto debe pasar ahora por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. (Sputnik)
