El Gobierno argentino oficializó este lunes una ley sancionada en el Congreso conocida como «Principio de Inocencia Fiscal», que eleva el umbral por el que el fisco puede iniciar una investigación por evasión, y que es considerada una nueva medida para la regularización de capitales no declarados.
«Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy», informó el jefe de Gabinete de Ministros y portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial, entró en vigor el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y se actualizaron los criterios de las fiscalizaciones del fisco, llevadas a cabo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La norma, sancionada por el Senado el 27 de diciembre, promueve la incorporación al circuito formal financiero de los ahorros no declarados, conocidos como los «dólares del colchón».
LOS CAMBIOS
Con la reglamentación de la ley, los controles de la ARCA estarán abocados de manera exclusiva a los ingresos facturados y declarados, y no sobre la evolución del patrimonio, los consumos personales o los depósitos bancarios.
La medida alcanza a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos (casi 695.000 dólares) y un patrimonio máximo de 10.000 millones (6,9 millones de dólares).
En base a esta iniciativa del oficialismo, se modifica el Régimen Penal Tributario al elevar los umbrales a partir de los cuales un incumplimiento pasa a ser delito.
De este modo, los montos por los que un contribuyente puede ser investigado por evasión simple suben de 1,5 millones de pesos (1.041 dólares) a 100 millones de pesos (69.445 dólares), mientras que la evasión agravada será por montos superiores a los 1.000 millones de pesos, y no de 15 millones como era hasta ahora (10.410 dólares).
A su vez, se reduce de 5 a 3 años la caducidad de los delitos por evasión para los contribuyentes cumplidores.
El decreto del Ejecutivo también sube los umbrales de información bancaria que deben ser transmitidas a la ARCA, de manera que las operaciones por hasta 10 millones de pesos mensuales (6.945 dólares) no serán investigadas.
El Gobierno impulsó en 2024 una regularización de activos no declarados que permitió que ingresaran al circuito formal más de 20.000 millones de dólares.
En simultáneo, el Ejecutivo impulsa en el Congreso una reforma laboral, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un nuevo crédito que la entidad multilateral concedió en abril a la actual administración por 20.000 millones de dólares.
El ajuste del gasto público y el superávit fiscal financiero, que cuenta los intereses de deuda, son las prioridades del Gobierno del presidente Javier Milei para intentar desacelerar la inflación, en el marco de una economía desregulada. (Sputnik)
