La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, señaló la falta de información por parte del Ministerio de Capital Humano al momento de detallar las compras, el almacenamiento y la distribución de alimentos destinados a los sectores más vulnerables.
«La Justicia advierte graves irregularidades en la distribución de alimentos del Ministerio de Capital Humano», informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.
El informe de la Procuraduría, que ya fue remitido a la justicia y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), como órgano de control interno del Poder Ejecutivo, destaca la falta de controles y el desorden administrativo dentro del Ministerio de Capital Humano.
En su trabajo, la PIA concluyó que no se puede aclarar quiénes recibieron los alimentos almacenados ni qué insumos fueron efectivamente entregados.
«No resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados», indica el informe firmado por el fiscal titular de la PIA, y los auxiliares de la entidad, Sergio Rodríguez y Daniela Pérez y Esteban Venditti.
El análisis fue realizado en el marco de una causa penal que investiga el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la justicia federal, que había ordenado a la cartera conducida por Sandra Pettovello informar el stock disponible y presentar un plan de distribución «de modo inmediato».
Sin embargo, la PIA advirtió que la información aportada por el organismo fue incompleta, desordenada y carente de respaldo documental suficiente.
Entre las principales observaciones, la Procuraduría registró inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, papeles sin firma de recepción de los beneficiarios y ausencia de otra documentación clave que permitiera seguir el trayecto de los productos desde su compra hasta su entrega final.
El trabajo también puso el foco en la falta de un sistema claro de distribución, al remarcar que el propio Ministerio había reconocido que no existían manuales ni procedimientos formales que regularan la entrega de alimentos.
Esta situación «contradice los principios de legalidad, razonabilidad y buena administración que deben regir la actuación estatal», según la PIA.
«La información proporcionada solo permitiría, en el mejor de los casos, arribar a un resultado probabilístico, lo cual resulta conceptualmente antagónico con un informe de trazabilidad», advirtió el organismo.
En ese sentido, el dictamen remarcó la existencia de «patrones de informalidad y desorganización» en la gestión administrativa que impidieron verificar si las compras realizadas, incluidas en licitaciones millonarias canalizadas a través de organismos internacionales, cumplieron efectivamente el fin para el cual fueron autorizadas.
El informe, firmado a fines de noviembre, fue recibido por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo remitió a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción en cumplimiento de sus funciones de control administrativo.
La presentación también fue elevada a la Fiscalía Federal, a cargo de Paloma Ochoa, y quedó incorporada al expediente judicial. (Sputnik)
