«Ayer (por el miércoles) estuvimos todos unidos en esta crítica a las políticas del Gobierno de tratar de acallar la libertad de expresión», señaló a este medio el periodista Francisco Rabini, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
La audiencia, celebrada el miércoles en la Universidad de Miami, fue «positiva, al lograr plantear todo lo que pretendíamos», señaló el periodista argentino, que trabaja en el diario Clarín y también ejerce como tesorero de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).
«Los comisionados tomaron lo que nosotros dijimos y le trasladaron consultas y reclamos al Gobierno, que solo se defendió, criticó los procedimientos, y llegó a pelearse con los propios comisionados», destacó Rabini al aludir a la intervención del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en representación del Ejecutivo.
El deterioro del ejercicio de la libertad de expresión y las campañas de odio se han podido observar en varios frentes, según plantearon ante la CIDH gremios periodísticos como SiPreBA, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y entidades como Amnistía Internacional, Poder Ciudadano, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En el transcurso de este año se registraron 257 casos de ataques contra periodistas, un récord que supera el máximo histórico de 2013, según el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que también dio cuenta de 179 agresiones en 2024, lo que refleja un aumento de 53 por ciento respecto a 2023 y un incremento de 103 por ciento en comparación con 2022.
«Lo vemos en los ataques sistemáticos contra los medios públicos, contra los medios populares y comunitarios, en los ataques en redes del Ejército de trolls paraestatal que comandan, en las denuncias judiciales a periodistas que escriben notas críticas», enumeró Rabini.
Ante estas denuncias, «un fallo de la estrategia del propio Gobierno fue que esa torpeza nos permitió hasta presentar un frente muy unido de sectores que no siempre coincidimos frente a un Gobierno que se autodenomina libertario, con todo el contrasentido que esto significa», resaltó el periodista.
EJEMPLOS DE AMEDRENTAMIENTOS
Los improperios, la violencia digital, la represión desmedida en las manifestaciones, las narrativas de odio, la desinformación y las querellas son las herramientas a las que recurre la actual gestión para amedrantar a los periodistas, según explicaron las instituciones argentinas y los representantes de prensa que se presentaron ante la CIDH.
Una de las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo al asumir en diciembre de 2023 fue el desmantelamiento de la agencia estatal Télam.
Otro de los casos que se expuso fue el del fotógrafo Pablo Grillo, que fue herido de gravedad al recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le produjo una fractura de cráneo durante la represión el 12 de marzo de una marcha de jubilados frente al Congreso, convocada para protestar contra los ajustes de la actual gestión.
Los intentos del presidente de intimidar a los trabajadores de prensa llevaron a que el máximo exponente del Poder Ejecutivo se querellara contra algunos en la justicia, según dieron cuenta los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, que además refirió amenazas, persecuciones y hackeo durante su testimonio ante la CIDH.
Con cautela sobre el resultado de esta audiencia, el referente periodístico de SiPreBA y Fatpren advirtió que el resultado final «es complejo», dada la situación de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, «con la geopolítica y ciertas cuestiones de cómo están los organismos internacionales» en tiempos en los que gobierna el presidente de EEUU, Donald Trump.
«Pero el objetivo nuestro es dar la batalla en todos los frentes posibles, sumarles en todos los ámbitos una resistencia al avance por sobre nuestros derechos, porque creemos en el valor del periodismo, del valor que tiene en la vida democrática de los países y de la calidad de la discusion política, y es justamente contra lo que el Gobierno batalla», consideró Rabini.
Los miembros de la comisión dejaron abierta la posibilidad de enviar a Argentina una misión oficial al Relator Especial para la Libertad de Expresión, una de las solicitudes que fueron presentadas por los expositores, junto el pedido de que el Gobierno derogue el decreto 270 de 2024, que limita el derecho de acceso a la información pública.
«No odiamos lo suficiente a los periodistas» es una de las frases en las que insiste el presidente argentino, Javier Milei, y que repiten funcionarios y sus seguidores en las redes sociales. (Sputnik)
