La Justicia argentina restringió la cantidad de visitas que puede recibir en su casa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria desde abril por una causa de corrupción.
«En lo sucesivo habrá de modificarse el régimen de visitas que ha regido hasta el día de hoy», señaló este miércoles el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal nº 2, en un fallo al que accedió la Agencia Sputnik.
El tribunal dispuso que la dirigente peronista solo pueda recibir dos visitas por semana con un límite de dos horas de duración, y un máximo de tres personas al mismo tiempo.
En su escrito, el juez Gorini cuestionó el encuentro que mantuvo la expresidenta el lunes con nueve economistas, cuando la visita «no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo».
A juicio del tribunal, la reunión fue una muestra de «falta de prudencia» y además desconoció «la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria», con lo que se desvirtuó la finalidad de esta modalidad de ejecución de la pena.
El endurecimiento del régimen de visitas de Fernández se produce un día después de que el tribunal ordenara el decomiso total de los bienes de la también ex vicepresidenta (2019-2023), por un valor actualizado de 684.990 millones de pesos (490 millones de dólares).
Al tomar conocimiento de las nuevas restricciones, la exmandataria se preguntó en las redes sociales cuál era el problema de haber sido visitada el lunes por nueve personas, cuando ya se había dado algún caso similar.
«¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del tribunal», recordó Fernández.
La expresidenta atribuyó la decisión judicial a que ella promueve un «modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal» frente a un Gobierno que «no deja de destruir empresas y puestos de trabajo».
El 10 de junio, la Corte Suprema ratificó por unanimidad la sentencia en doble instancia contra Fernández, que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública. (Sputnik)
