El Gobierno nacional decidió desactivar definitivamente un polémico proyecto para instalar un segundo radar de observación espacial de China en la provincia de San Juan. La iniciativa, acordada durante un gobierno anterior, era monitoreada con preocupación por analistas internacionales y por Estados Unidos debido a su potencial uso militar.
La instalación, conocida como Radiotelescopio Argentino Chino (CART), iba a construirse en la zona de El Leoncito, San Juan. Hubiera sido la segunda estación de este tipo en el país, sumándose a una que ya opera en la provincia de Neuquén.
Medidas concretas para frenar el proyecto
La decisión se materializó a través de dos acciones clave:
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Retención de materiales: Se detuvo en la Aduana el ingreso de equipos enviados desde China para continuar con la construcción.
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No renovación del convenio: Se dejó vencer el acuerdo científico entre el CONICET y la Universidad de San Juan que daba marco legal al proyecto.
Fuentes oficiales señalaron que los envíos retenidos presentaban «irregularidades» y que ninguna autoridad china relevante se hizo cargo de los mismos.
Preocupación internacional y control del territorio
El proyecto generaba desconfianza en sectores de inteligencia occidental. Se alegaba que, aunque presentado como científico, estaba bajo el control del aparato militar chino. El exembajador de Estados Unidos, Marc Stanley, había manifestado abiertamente su sorpresa por que «las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto».
Un punto crítico del acuerdo original era que concedía a China soberanía sobre el terreno donde se instalarían estas antenas, un hecho que se verificó durante una inspección al radar de Neuquén el año pasado, donde el personal operativo era enviado directamente desde China.
La defensa de la universidad local
Frente a la decisión del Gobierno, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) defendió el CART, calificándolo como un proyecto «con fines estrictamente científicos» y como el resultado de más de 30 años de cooperación internacional.
A pesar de esta defensa, la administración actual consideró que los riesgos geopolíticos y de seguridad asociados al proyecto superaban sus beneficios científicos declarados, optando por su cancelación definitiva.
