La Justicia federal de Argentina declaró inválido este lunes el veto impuesto por el presidente argentino, Javier Milei, a la ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el país, aprobada por la Cámara de Senadores a principios de julio.
«Reafirmando que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables y la obligación de no regresividad establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, corresponde declarar la invalidez del Decreto 534/2025», afirmó en su fallo el juez federal de Campana (Provincia de Buanos Aires, este), Adrián González Charvay.
El magistrado dictó sentencia en respuesta a un pedido de amparo presentado por un grupo de padres de niños con discapacidad que, al verse beneficiados por la ley, decidieron impugnar el veto presidencial.
González Charvay cuestionó la fundamentación del veto impuesto por Milei, señalando que el presidente incurrió «un caso de clara discriminación a personas con discapacidad».
El juez criticó por «falaces» los argumentos utilizados por el Gobierno para suspender la norma y ratificó que los congresistas obraron correctamente en relación a la previsión económica que la norma supone y al trámite parlamentario del proyecto.
La normativa aprobada contempla la regularización de pagos y actualización de aranceles de los prestadores de servicios y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, en atención a un colectivo que organizó movilizaciones en las últimas semanas para denunciar su situación.
También prevé el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y abre canales institucionales de diálogo con las asociaciones vinculadas a discapacidad.
Milei vetó la ley a principios de agosto argumentando que incide negativamente en el déficit fiscal.
El Gobierno señaló que la norma forma parte de iniciativas que fueron impulsadas por «determinados sectores» en pleno ciclo electoral «con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico». (Sputnik)
