Los tribunales argentinos comenzaron a revisar créditos digitales con tasas que superan el 1.000%, un nivel considerado desproporcionado frente a las referencias del mercado. El análisis se centra en el Costo Financiero Total (CFT), que integra no solo la tasa nominal, sino también gastos de otorgamiento, administración, seguros, impuestos y cargos adicionales.
La Justicia puede intervenir cuando detecta intereses abusivos, aplicando herramientas legales como el artículo 332, que permite modificar contratos por lesión, y el artículo 771, que habilita la reducción de intereses manifiestamente desproporcionados.
El sistema jurídico argentino no establece un porcentaje fijo para definir la usura, por lo que cada caso se evalúa de manera particular. Los jueces comparan las tasas pactadas con las referencias del Banco Central, que en agosto de 2026 se ubicaron entre el 23% y el 25%, muy lejos de los costos finales de algunos préstamos digitales.
La situación se agrava en operaciones fuera del circuito bancario tradicional, como las realizadas mediante billeteras virtuales y prestamistas digitales, donde los costos efectivos pueden dispararse a niveles extremos.
