A pesar de su relevancia, las políticas en salud mental nunca ocuparon un lugar prioritario en el presupuesto, y la inversión en ellas cayó durante 2024. Para el 2025, si se observa el presupuesto total en salud mental, se mantiene esta tendencia a la baja.
Si bien en Argentina el Estado nacional debe destinar como mínimo el 10% de los recursos que invierte en salud a salud mental (art. 32, ley 26.657), se prevé que para fines de 2024 la inversión será del 1,82%. Si se aprueba el proyecto de presupuesto tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo, en 2025 la inversión será del 1,60%
Pero no sólo importa cuánto se gasta, sino también cómo se gasta. Los fondos en salud mental deben tender a implementar acciones de prevención, asegurar la atención en los centros de salud y hospitales generales, fortalecer la red de dispositivos comunitarios (viviendas con apoyo, cooperativas de trabajo, entre otros) y asistir a las personas en sus procesos de externación.
Fortalecer el presupuesto en salud mental es urgente. Por eso, le solicitamos al Congreso que garantice una inversión suficiente y adecuada, y asegure el cumplimiento de la obligación que él mismo estableció hace ya 14 años.
Sin presupuesto, no hay salud mental.
