Los rectores de las universidades públicas de Argentina, junto a estudiantes y personal administrativo, anunciaron el martes una movilización para el 2 de octubre en protesta contra los recortes presupuestarios del Gobierno que atentan a la sostenibilidad del sistema educativo.
«Esta marcha es en defensa de universidad pública argentina, fruto del proceso que llevamos de un tortuoso 2024», señaló en rueda de prensa el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo.
El organismo, que reúne a los rectores de las 60 universidades nacionales y de 13 institutos provinciales, anunció esta medida de fuerza a la que se suma el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que identifica a los docentes y no docentes de los centros de educación superior, y a la Federación Universitaria Argentina, que representa a los estudiantes.
La comunidad universitaria se organizó en esta ocasión para protestar contra el anunciado veto del presidente, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario sancionado en el Congreso.
«Si tenemos al 2 de octubre un veto del señor Presidente de la Nación, esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley», indicó el titular del CIN.
La manifestación, que será de carácter federal, también se realiza ante la falta de aumentos salariales que lleva a que más del 70 por ciento de los trabajadores de la educación superior perciban salarios por debajo de la línea de pobreza.
«Hoy nuestros docentes universitarios eligen trabajar en el sector privado, eligen irse a otras universidades, eso lleva a que nuestras propias universidades empiecen a contraerse y empezar a tener sus ofertas educativas en las Capitales y no poder ir al interior del interior», sostuvo Moriñigo durante su intervención.
Milei ya adelantó que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado el 13 de septiembre, la cual aumenta las partidas presupuestarias de los centros de educación superior y actualiza los salarios de docentes y personal administrativo.
Tras subrayar la falta de vocación de diálogo del Ejecutivo, el CIN advirtió en un comunicado que «nunca antes los fondos solicitados» por el organismo «estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento».
Ante una situación «más crítica que a comienzos de año», el organismo cuestionó al Gobierno de Javier Milei al subrayar que «ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades».
La norma que vetará el mandatario implica una inversión estatal de 735.598 millones de pesos (750 millones de dólares al cambio oficial), lo que representa el 0,14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayor casa de estudios del país, advirtió que los salarios de los docentes universitarios han perdido entre un 35 y un 55 por ciento de su poder de compra desde los últimos ocho meses, cuando asumió el Gobierno de Milei.
La defensa de la educación, en especial de las universidades, convocó en abril la mayor movilización que haya atestiguado Argentina en los últimos años. (Sputnik)
