Un análisis detallado realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expuso la situación en el ámbito universitario: el presupuesto destinado a la educación superior ha alcanzado su nivel más bajo desde que se comenzaron a registrar datos en 1997. Esta drástica reducción, que representa una caída interanual del 34,4%, ha sido atribuida a la decisión del Gobierno de prorrogar el presupuesto del año anterior y profundizar los recortes de fondos en el sector educativo.
El informe destaca que la asignación de recursos para la partida de «Desarrollo de la Educación Superior» ha sufrido una disminución del 72% en términos reales en comparación con el año anterior. Esta situación plantea un panorama desafiante para las universidades, que luchan por garantizar su funcionamiento en medio de un contexto de fuerte inflación, que alcanzó el 287,9% interanual en marzo.
Durante el primer trimestre de 2024, la ejecución del presupuesto universitario registró una caída del 30% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior. Esta reducción en las políticas universitarias fue aún más pronunciada, alcanzando el 34,4%. Particularmente preocupante es la disminución en partidas clave, como las destinadas al pago de salarios, el funcionamiento universitario y las becas Progresar.
La reducción en la ejecución presupuestaria también ha impactado en la participación de las políticas de educación superior dentro del gasto total, pasando del 3,7% en el primer trimestre de 2023 al 3,5% en el mismo período de 2024. Este preocupante panorama pone en riesgo el acceso a la educación superior y el desarrollo académico y científico del país.
