La favorita para quedarse con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú es Keiko Fujimori de la Fuerza Popular, seguida por el cómico Carlos Alvarez de País para Todos y Rafael López Aliaga de Renovación.
La casi segura segunda vuelta se disputará el 7 de junio.
La corrupción
(Sergio Llerena Caballero Los peruanos tienen a la corrupción como su segunda principal preocupación, solo por detrás de la inseguridad. Y aunque las propuestas para combatirla han estado presentes durante la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo, todos los candidatos son criticados por ser parte del problema que dicen querer eliminar.
Según datos de la Contraloría General, la corrupción genera pérdidas de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año al país, dato que revela la dimensión económica del asunto, más allá de su naturaleza moral.
Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (derecha), quien lidera las preferencias a la presidencia según sondeos, es una de las más cuestionadas por haber estado involucrada en casos de corrupción.
En octubre de 2018, fue encarcelada preventivamente por poco más de un año por el presunto delito de lavado de activos, por supuestamente haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.
Luego de un largo proceso, el Tribunal Constitucional archivó el caso en enero de este año bajo acusaciones de sectores políticos y ciudadanos de que el fallo de la corte estuvo apoyado por magistrados nombrados por miembros de su bancada congresal.
En enero de 2020 volvió a la cárcel por unos meses, investigada nuevamente por lavado de dinero.
La candidata también recibe críticas por la reivindicación que hace de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos y también por delitos de corrupción.
«La reivindicación de su padre le abre muchos flancos. Keiko se ha escudado durante la campaña en el hecho de que ella no ha sido gobierno. Y en efecto, no ha sido gobierno, pero en el Legislativo ha apoyado algunas medidas que complican la lucha contra la corrupción. En particular en el tema de los allanamientos de la Fiscalía, que entorpece las investigaciones», dijo José Carlos Requena, analista político y exdirector de Política en el diario local El Comercio, en diálogo con la Agencia Sputnik.
Requena alude a una ley impulsada por el partido de Fujimori en el Congreso, que exige la presencia de los abogados de los investigados en los allanamientos ordenados por la Fiscalía, lo que desnaturaliza el factor sorpresa, una de las fortalezas de este tipo de procedimientos.
Tanto Fujimori como Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (derecha), y Carlos Álvarez, de País para Todos (derecha) —los tres candidatos con mayores chances, según los sondeos—, han abordado el tema de la corrupción durante la campaña y proponen distintas medidas de «mano dura».
«En mayor o menor medida, los candidatos (punteros) han tenido una mirada más cercana al populismo punitivo respecto a la criminalidad, que también trasladan a la corrupción. Se ha planteado la pena de muerte a través de la salida del Pacto de San José (sobre derechos humanos), aduciendo que es un tratado dominado por «caviares» (gente de izquierda progresista), que es algo que también se ha dicho sobre la Fiscalía», recordó el analista.
Asimismo, se han propuesto reformas en el sistema judicial para combatir la corrupción o la implementación de cárceles exclusivas para los corruptos, en desmedro de trabajos de inteligencia para seguir el rastro de las fuentes de esta práctica en el Estado.
«ROBA, PERO HACE OBRAS»
López Aliaga enfrenta una investigación por presunto lavado de activos a través de empresas offshore de su propiedad en el exterior, y su nombre aparece en el escándalo de los Panama Papers.
Una de sus empresas (PeruVal Corp.), dedicada al rubro ferroviario, mantiene una deuda con el Estado de cerca de 3,8 millones de dólares.
Por su parte, Vladimir Meza, el fundador de País para Todos, enfrenta un juicio por peculado cuando ejerció como alcalde de la provincia Huaraz, ubicada en el departamento de Áncash (norte).
La Fiscalía pide diez años de cárcel en su contra.
El propio Álvarez fue condenado en primera instancia en 2002 por el delito de peculado, al haber recibido dinero del Gobierno de Fujimori para hacer proselitismo a su favor de su reelección, en la campaña de 2000.
Posteriormente, la sentencia fue anulada por la Corte Suprema.
Sin embargo, de acuerdo con Requena, a pesar de que los cuestionamientos tienen una base real, hay un sector importante de la ciudadanía que los pasa por alto.
«Creo que muchos sectores de la ciudadanía se han vuelto muy laxos en este punto. El popular dicho de «roba, pero hace obras» se ha trasladado al parlamento: «roba, pero legisla». En ese sentido, creo que los partidos no se sienten obligados a presentar candidatos sin mancha. En todas las listas, prácticamente, existen candidatos con antecedentes, lamentablemente», apunta.
Este domingo, 35 candidatos competirán en las elecciones presidenciales de Perú, una cifra inédita en la historia de un país que se ha acostumbrado a la destitución de mandatarios —hubo ocho en diez años—, y donde ningún postulante domina las preferencias de la población.
Además, se elige a los nuevos integrantes del Congreso, que volverá a ser bicameral después de 33 años, y a los representantes en el Parlamento Andino.
La crisis política enmarca las elecciones de este domingo en Perú, donde hay más de 27 millones de personas habilitadas para sufragar. (Sputnik)
