La organización ambientalista advierte que la iniciativa aprobada por el Senado de la Nación implica un grave retroceso ambiental y espera que la Cámara de Diputados frene el avance sobre una ley clave para la protección del agua.
Greenpeace repudia la media sanción otorgada por el Senado de la Nación al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una normativa fundamental para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, principales reservas estratégicas de agua dulce del país. Tras su sanción en la Cámara Alta, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, que tendrá la responsabilidad de definir si se convalida o se frena este retroceso.
Desde la organización ambiental alertaron que la modificación de la ley debilita los estándares de protección vigentes y rompe el carácter de presupuestos mínimos que rige para todo el territorio nacional, abriendo la puerta a actividades que ponen en riesgo ecosistemas frágiles. Para Greenpeace, modificar la Ley de Glaciares también implica romper reglas claras que hoy ordenan la protección del agua en todo el país y generan previsibilidad para las comunidades y los territorios. Este escenario pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas, en un contexto de crisis climática y retroceso acelerado de los glaciares.
En este escenario, Greenpeace advirtió que la Cámara de Diputados no sólo debatirá una reforma, sino que definirá si el país sostiene o debilita una de las principales herramientas de protección del agua en un contexto de crisis climática.
“La Ley de Glaciares es una herramienta clave para proteger el agua, la biodiversidad y a las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Su modificación no responde a una necesidad ambiental ni social, y representa un claro retroceso ambiental”, señaló Agostina Rossi Serra de Greenpeace. “Esperamos que la Cámara de Diputados actúe con responsabilidad y respete la ley vigente, evitando cualquier cambio que debilite su espíritu y sus objetivos de protección”.
Greenpeace recordó que la Ley de Glaciares fue fruto de un amplio consenso social y científico y que su aplicación efectiva es una obligación del Estado argentino para garantizar el derecho a un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“La crisis climática exige más protección, no menos. Avanzar debilitando una ley que resguarda las principales reservas de agua dulce de Argentina va en sentido contrario a lo que la ciencia, la ciudadanía y el propio marco constitucional reclaman”, concluyeron desde la organización.
