La próxima semana, cuando se cumplan los diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial, el DNU 941/2025 deberá ingresar al Congreso, enviado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El decreto será girado a la Comisión Bicameral de Trámite legislativo, que tendrá otros diez días hábiles para expedirse y emitir un dictamen. Si no, las cámaras legislativas, después de ese plazo, quedarán habilitadas para llevar su validez a cada recinto.
De los 16 integrantes de la Comisión Bicameral, solo nueve están designados: su presidente, el diputado desarrollista Oscar Zago; los senadores Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y Luis Juez del oficialismo, María Teresa González de UxP y Carlos Espínola de Provincias Unidas; junto a los diputados Lisandro Almirón de La Libertad Avanza, Ramiro Gutiérrez de UxP y Nicolás Massot de Encuentro Federal.
Varios bloques de la oposición ya les solicitaron formalmente a los presidentes de las cámaras, Martin Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado, la conformación total de la comisión para poder iniciar rápidamente su trabajo.
Después de que la Bicameral emita dictamen, el debate pasa a los recintos. Con la salvedad que, sin dictamen, los recintos pueden tratarlos con mayorías especiales de dos tercios del Cuerpo, como cuando se trata cualquier proyecto sin dictamen de una comisión.
Para derogar el DNU, ambas cámaras deben rechazarlo con mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes). En cambio, para ratificarlo, es suficiente con la aprobación de sólo una de las cámaras, con la misma mayoría. Si el Congreso no lo rechaza, el DNU se mantiene vigente.
Para intentar bloquear esas mayorías requeridas y que se mantenga la plena vigencia del DNU, La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados nacionales y 21 senadores. La oposición primero deberá lograr la apertura de cada recinto, en Diputados con 129 legisladores y 37 en la Cámara alta.
Presentaciones por la inconstitucionalidad
Los diputados del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, de la Coalición Cívica y el socialista Esteban Paulón presentaron un amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia y pidieron que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”.
“Es un interés bien concreto, personal, inmediato y sustancial el que intentamos preservar: el de hacer posible nuestro derecho político a actuar como legisladores, en el ámbito del órgano que integramos, y a fin de persuadir en determinado sentido a nuestros colegas y determinar la aprobación o rechazo de proyectos de ley con nuestro voto”, indicaron.
Rechazo del bloque Justicialista
La bancada que lidera el senador José Mayans emitió un comunicado donde rechaza la implementación de la medida para cambiar la norma de Inteligencia, ya que considera que no existe necesidad ni urgencia para su dictado.
Además, según comentaron, “el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional. Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las Instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas”.
Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) pidió que se discuta esta norma en el Congreso y se llame a sesiones extraordinarias, “está claro que debe pasar por el Congreso. En todo caso debió ser incorporado en el temario de extraordinarias. En el mes de diciembre se le otorgaron 26 mil millones de pesos “extra” a la SIDE, mientras no tenemos (plata) para las universidades, ni para el (Hospital) Garrahan”.
A partir del comunicado emitido en los últimos días por la Secretaría de Inteligencia, desde el Gobierno justificaron la medida ya que, “los cambios (a la Ley de Inteligencia) están alineados con los más altos estándares democráticos”. Señalaron también que “la reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”.
La mirada de los constitucionalistas
El exjuez y titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, entendió que el DNU “constituye una peligrosa e innecesaria regresión institucional». “Autoriza a ejercer actividades policiales o de investigación en un art 4 bis que no figura en el Boletín Oficial, a detener personas en el marco de actividades de inteligencia (que son encubiertas). Además, esas facultades no las otorga el Congreso, sino que se las auto atribuye el Poder Ejecutivo violando los límites constitucionales para el dictado de un DNU”, observó.
“Cualquier persona está entonces sujeta a operaciones encubiertas de inteligencia y puede ser detenida por quienes realizan esas investigaciones. Esta medida no es propia de una democracia liberal, solo las autocracias otorgan facultades al poder para poner en riesgo la libertad personal de los ciudadanos”, sumó.
Antonio María Hernández, ex convencional constituyente del ’94, dijo que “el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”. Y aclaró que “por el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna, lo enunciado por (el Presidente, Javier) Milei debe pasar sí o sí por el órgano legislativo».
