La Justicia argentina obligó el martes al Poder Ejecutivo a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades públicas a raíz de un reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la decisión del Gobierno de suspender una ley que preveía más financiamiento para estas instituciones terciarias.
«Confirmada la cautelar para actualizar los salarios docentes y becas estudiantiles», informaron a la Agencia Sputnik desde el CIN, institución que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los art. 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El presidente Javier Milei intentó vetar la norma aduciendo que iba en contra de su política fiscal.
Sin embargo, el Congreso ratificó la ley, por lo que el mandatario emitió un decreto que suspendió su aplicación por falta de fondos.
A finales de octubre, el CIN solicitó la inconstitucionalidad del decreto y reclamó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, con énfasis en el articulado que establecía una actualización de los salarios de los docentes y las becas estudiantiles de acuerdo a la inflación.
«Se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos», señaló el juez Martín Cormick en su fallo.
La Ley de Financiamiento Universitario sostenida por el Congreso estableció la reapertura de las negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoció fondos para becas y para el funcionamiento de las casas superiores de estudios, y creó un fondo de 10.000 millones de pesos (6,9 millones de dólares).
La comunidad universitaria convocó hasta el momento a tres marchas multitudinarias para defender la normativa ante los intentos del presidente de vetarla o de anular su aplicación.
La Ley de Financiamiento Universitario tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), señaló la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según la Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años. (Sputnik)
