Se aplicarán multas de $ 180 mil a las autoridades de mesa que no se presenten el domingo. También deberán pagar hasta $ 30 mil quienes no puedan justificar en tiempo y forma la no emision del voto en las categorías provinciales.
El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, informó que se determinaron una serie de multas económicas por incumplimiento de obligaciones cívicas respecto al acto electoral del próximo domingo 26 de octubre.
Indicó que por no justificar la no emision del voto, en la categoría de diputados nacionales, hay una multa muy leve de entre 50 y 500 pesos; pero en cambio, respecto a categorías provinciales -infraccion del artículo 174 del Código Electoral Provincial- como es el caso del referéndum y el Consejo de la Magistratura, la multa es de medio JUS -unidad de medida judicial- que hoy equivale a 30 mil pesos.
Más aún, remarcó que en el caso de autoridades de mesa que no se presenten el domingo a cumplir con su obligación -infraccion del artículo 175 del Código Electoral Provincial- se determinó que la multa será de tres JUS, es decir, unos 180 mil pesos a valores vigentes hoy, que luego se van actualizando con el tiempo.
Justificación
El Código Electoral exige que el trámite por no emisión del voto se realice dentro de los 60 días posteriores a la elección, y luego del 26 de octubre, la Secretaria Electoral difundirá la manera de justificar y de cómo pagar la multa correspondiente.
Si no se presenta una justificación válida en ese plazo, el ciudadano será incluido en un Registro de Infractores y podrá ser sancionado económicamente o quedar inhabilitado para ciertos trámites.
Están habilitados para justificar la ausencia, quienes se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar de votación, enfermos o imposibilitados por motivos de fuerza mayor. También pueden justificar los mayores de 70 años o jóvenes de entre 16 y 17 si optaron por no votar.
Si la justificación es aceptada, el votante es dado de baja del Registro de Infractores. Si la justificación es rechazada, se deberá abonar la multa establecida.
El ciudadano que no regularice su situación no podrá realizar gestiones en organismos públicos por un año, ni ser designado para cargos públicos durante tres, salvo que pague la multa.
