La fiscalía de Venezuela solicitó órdenes de detención y alerta roja contra un diputado y varios funcionarios de la justicia de Argentina por la investigación sobre la incautación del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, retenido en Buenos Aires en 2022, anunció este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.
«Los fiscales asignados a este caso han solicitado nuevas órdenes de aprehensión contra: Gerardo Milman (diputado), Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora; Cecilia Patricia Incardona, fiscal federal; Carlos Vallefín, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, y Roberto Lemus Arias, juez de la Cámara Federal Apelaciones de la Plata», expresó Saab desde la sede el Ministerio Público en Caracas.
En la lista, también se encuentran los funcionarios Ricardo López, Yamil Santolo, María Eugenia Talérico, vicepresidenta de la Unida de Información del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Leonardo Camiser, abogado; Diego Iglesias, fiscal jefe de la Fiscalía, y Franco Rinaldi, consultor aeronáutico.
La orden de aprehensión contra estos funcionarios fue solicitada por los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
De igual manera, la Fiscalía solicitó órdenes de detención contra los funcionarios argentinos que pidieron la aprehensión internacional del presidente Nicolás Maduro y el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, entre los que se encuentran: Waldo Wolff, presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y secretario de Asuntos Públicos de Buenos Aires; José Agüero, fiscal ante la Cámara Federal; y el fiscal Carlos Stornelli.
Saab señaló que estas órdenes de detención se suman a las otras emitidas por ese organismo contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la incautación del avión venezolano.
La aeronave aterrizó el 6 de junio de 2022 en territorio argentino donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en Argentina.
Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino, el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir Estados Unidos.
El avión Boeing 747¬ 3B3, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, esta última fue sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, según la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
En febrero, la administración de Nicolás Maduro denunció la destrucción del avión por parte de Estados Unidos. (Sputnik)
