Es por la derogación del decreto nacional marco. Buscan la adhesión a una Ley Provincial para poder optimizar los ingresos ante un escenario de aumento sostenido de la demanda. El tema fue analizado hoy con la comisión de salud del Concejo Deliberante, y se tratará en la sesión de este jueves.
Comodoro es la única ciudad de la provincia que tiene una red de CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud) sostenida con recursos municipales. Si bien todas sus prestaciones son gratuitas, un Decreto Nacional los habilitaba a facturar a obras sociales y prepagas las asistencias brindadas a pacientes con cobertura.
Ese decreto (el 939/2000 de salud descentralizada) fue derogado, y desde el mes de mayo la secretaría municipal de salud no puede facturar prestaciones. El impedimento convive con un fuerte aumento en la demanda de prestaciones: según explicó el titular de la cartera, Jorge Espíndola, cada vez son más los vecinos que aun con cobertura prepaga de salud se vuelcan al sistema municipal, por la imposibilidad de abonar los coseguros que cobran en el ámbito privado.
En ese contexto, todo el equipo municipal del área participó de una reunión con la comisión de Salud del Concejo Deliberante (N°3), para trabajar en la adhesión a la Ley Provincial I N° 49 (antes Ley 1805) que habilita el cobro de aranceles hospitalarios y en centros de salud. El proyecto tuvo despacho de los dos bloques que integran la comisión (Arriba Chubut y Despierta Comodoro) y será tratado el jueves, en la segunda sesión ordinaria de septiembre.
“Esta adhesión permite a la secretaria de salud generar convenios con obras sociales, seguros, mutuales. No pueden arancelar desde mayo, ahora van a poder hacerlo por cada prestación que de la secretaría” explicó la concejal Gabriela Simunovic, presidente de la Comisión Parlamentaria marco, y agregó que se estima que entre el 65% y el 70% de la población local posee algún tipo de cobertura de salud, aunque creció la demanda de este sector sobre las prestaciones municipales: “mucha gente dejó de tener obra social directamente, y para otros se hace muy complejo poder pagar los coseguros en el sector privado, que según la especialidad rondan los $25.000”.
En idéntico sentido se pronunció Espíndola, añadiendo a los casos mencionados el de afiliados de PAMI: “el recorte en la cobertura en antibióticos y algunos analgésicos hace que los adultos mayores que no pueden cubrir ese costo también recurran a la secretaría”.
“Desde que asumimos en diciembre vemos que se va incrementando cada vez más la demanda, no solo en atención sino también en programas como “mirándonos” (acceso a anteojos gratuitos) o medicamentos solidarios. Se acercan al municipio que es quien les da respuesta. Poder facturarle a obras sociales las prestaciones en los centros de salud nos permite generar ingresos para desarrollar más programas y la compra de insumos” culminó el funcionario.
