La Cámara Federal porteña ha confirmado un embargo de 50 millones de pesos contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en el marco de una causa por presunta “defraudación por la compra de material audiovisual”. Esta medida está relacionada con los convenios firmados con la Universidad de San Martín (UNSAM) para la creación del sistema de televisión digital.
Inicialmente, De Vido había sido sobreseído en primera instancia. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa medida, dictó su procesamiento y resolvió que el juez Julián Ercolini decidiera sobre las medidas adicionales, entre ellas, el embargo.
El juez Ercolini fijó el embargo en 50 millones de pesos, decisión que la defensa de De Vido apeló, calificándola de “arbitraria y desprovista de todo sustento fáctico”, argumentando que el monto era infundado y no guardaba relación con los hechos de la causa.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron el embargo, mientras que aún está pendiente la revisión del procesamiento. En contraste, el tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia y se inclinó por la nulidad de la resolución.
“La prueba colectada permite aseverar la intervención material de De Vido en cada uno de los tramos de la maniobra”, había sostenido la Cámara al dictar el procesamiento.
La causa, que se inició en 2016, estuvo a cargo del difunto juez Claudio Bonadio hasta su fallecimiento. Además de De Vido, en el expediente están procesados Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM; el ex secretario del Consejo Asesor Luis Alberto Vitullo; el arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la UNSAM, y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, ex secretario general de la universidad.
