Jimena Viviani, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina, confirmó que ya fueron notificadas las partes demandadas. La causa busca anular un acuerdo por los pasivos ambientales petroleros en Comodoro Rivadavia y contempla 560 pozos offshore en Restinga Alí.
La causa judicial por los pasivos ambientales de la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia registró nuevos avances. La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina confirmó que se concretaron las notificaciones al Estado Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, a YPF y al Estado provincial de Chubut, en el marco de una acción de amparo que busca declarar la nulidad de un acuerdo relacionado con la remediación ambiental.
Jimena Viviani, integrante de la organización, explicó durante una entrevista radial que los oficios fueron ingresados en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de noviembre y que ahora se aguardan las respuestas de las partes demandadas.
La Justicia Federal continuará con la causa
Uno de los principales avances del expediente está relacionado con la competencia judicial.
Viviani recordó que, inicialmente, el titular del Juzgado Federal de Rawson se había declarado incompetente para intervenir en el caso.
Sin embargo, la asociación ambientalista apeló esa decisión ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que revocó la resolución de primera instancia y confirmó la competencia federal.
A partir de esa definición, el expediente regresó al juzgado de origen y se avanzó con las notificaciones correspondientes.
Según detalló la abogada, las partes notificadas en Buenos Aires cuentan con un plazo de 12 días hábiles para responder, mientras que para el Estado provincial rigen plazos menores por la distancia respecto del tribunal.
Cuestionan los 25 millones de dólares destinados a la remediación
El eje central de la presentación judicial es el pedido de nulidad de un acta acuerdo vinculada con las obligaciones de remediación de los pasivos ambientales de la actividad hidrocarburífera.
La organización cuestiona que 25 millones de dólares sean suficientes para afrontar las tareas de saneamiento ambiental que, según sostiene, corresponden legalmente.
Viviani explicó que el reclamo no se limita a discutir una cifra económica, sino que apunta a determinar las responsabilidades de las empresas y del Estado frente a los daños ambientales acumulados durante décadas de explotación petrolera.
Desde la asociación consideran que los acuerdos administrativos no pueden dejar sin efecto las obligaciones de protección y recomposición ambiental establecidas por la legislación vigente.
Restinga Alí: incluyen 560 pozos petroleros offshore
Otro de los aspectos destacados de la demanda es la incorporación del área de Restinga Alí, donde, según la presentación de los ambientalistas, existen 560 pozos petroleros offshore ubicados en el lecho submarino.
Viviani sostuvo que esta situación constituye uno de los fundamentos para la intervención de la Justicia Federal, debido a las cuestiones jurisdiccionales vinculadas con las instalaciones marítimas.
La abogada remarcó la importancia de evaluar integralmente los pasivos ambientales, tanto en tierra como en las áreas de explotación ubicadas frente a la costa de Comodoro Rivadavia.
Buscan un precedente sobre la responsabilidad del Estado
La representante de la asociación explicó que el objetivo final es obtener una sentencia que declare la nulidad del acuerdo cuestionado.
Además, esperan que la resolución judicial permita establecer criterios sobre las obligaciones ambientales de los distintos niveles del Estado.
En ese sentido, Viviani cuestionó las dificultades procesales que, según su interpretación, suelen enfrentar las organizaciones que impulsan acciones judiciales para proteger el ambiente.
La asociación pretende que el eventual fallo contribuya a exigir mayores controles y evaluaciones antes de aprobar acuerdos o decisiones administrativas que puedan afectar los recursos naturales.
Ahora esperan las respuestas de YPF y los gobiernos
Con las notificaciones cursadas, la causa ingresa en una nueva etapa procesal.
Una vez recibidas las contestaciones de las partes demandadas, el expediente podrá avanzar hacia las siguientes instancias judiciales.
La discusión de fondo será determinar si el acuerdo cuestionado cumple con las obligaciones legales de remediación y qué responsabilidades corresponden a YPF y a los organismos estatales por los pasivos ambientales petroleros en Comodoro Rivadavia.
