La decisión de Roxana Ortega de no regresar a la docencia marca la secuela más profunda que dejó el proceso penal en su contra. Tras dos años de estigmatización y encarcelamiento preventivo por una acusación sin sustento, la maestra dio por cerrada su etapa frente a los alumnos en el sistema educativo público.
El fallo absolutorio dictado por la jueza María Tolomei le devolvió la libertad plena, pero no vino acompañado de disculpas ni de reconocimiento institucional por los errores cometidos. “Nadie le pidió disculpas”, subrayó su abogado Facundo Bonavitta, quien denunció el desamparo que siente la docente tras haber sido absuelta de cargos gravísimos.
El impacto del proceso trascendió lo laboral y golpeó de lleno la dinámica familiar: Ortega atravesó meses de detención efectiva y prisión domiciliaria mientras criaba a su hija de apenas nueve meses. La defensa insiste en que el caso debe marcar un punto de inflexión en la forma en que la justicia aborda denuncias escolares, evitando acusaciones apresuradas basadas en testimonios inducidos o peritajes incompletos.
Aunque la absolución trajo alivio, las huellas emocionales y profesionales son irreversibles. La inocencia confirmada convive con la certeza de que el sistema judicial actuó sin la cautela debida, dejando un antecedente alarmante para todo el cuerpo docente de la provincia.
