La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró 52 kilogramos de MDMA en estado de máxima pureza, en el marco de una investigación contra una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas. Según informó la fuerza, se trata del mayor decomiso de éxtasis de la historia argentina.
El operativo fue desarrollado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, a partir de alertas emitidas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
La investigación permitió detectar una estructura que habría intentado utilizar a la Argentina como punto estratégico para el ingreso y posterior distribución de drogas sintéticas provenientes de Europa.

La droga llegó oculta en una camioneta
Una de las principales pistas surgió cuando los investigadores detectaron que la organización necesitaba extraer un cargamento de droga oculto en un vehículo utilitario que había llegado al país a bordo de un buque procedente de Bélgica.
La camioneta se encontraba abandonada en una zona franca de Zárate, luego de inconvenientes en la cadena logística local.
Con intervención judicial, efectivos de la PFA trabajaron junto con la Dirección de Narcotráfico de ARCA para localizar el vehículo y someterlo a controles mediante escáneres no intrusivos.
Los equipos detectaron densidades anómalas en distintos sectores de la camioneta. Al inspeccionarla, encontraron 38 botellas plásticas con una sustancia sólida granulada y cristalina ocultas en el tanque de combustible.
El análisis orientativo determinó que se trataba de MDMA, con un peso de 20 kilos.
Pero el procedimiento no terminó allí. Al desmontar los paneles laterales y las puertas del vehículo, los investigadores encontraron otros 49 bultos rectangulares, envueltos en nylon y cinta adhesiva negra, que contenían otros 32 kilos de la misma sustancia.
En total, el cargamento alcanzó los 52 kilos de MDMA.

Una entrega vigilada permitió avanzar en la investigación
Tras retirar la droga, los investigadores sustituyeron el contenido y prepararon una entrega vigilada del vehículo.
Según la información oficial, los agentes instalaron dispositivos de rastreo satelital (GPS) en la camioneta para seguir sus movimientos.
La investigación también contó con un agente encubierto, que habría ingresado a la estructura bajo el rol de “facilitador logístico”.
De esta manera, los investigadores lograron establecer que un ciudadano mexicano debía recibir el vehículo, mientras que un ciudadano venezolano participaría en la entrega de dinero mediante el sistema informal conocido como Hawala.
El ciudadano mexicano llegó hasta la zona de resguardo de ARCA en Zárate para verificar la camioneta y coordinar su traslado a un taller mecánico ubicado en Villa Urquiza, donde estaba previsto desarmarla.
La entrega finalmente no se concretó porque la organización no contaba en ese momento con el dinero necesario para pagar la operación.
Tres detenidos tras ocho allanamientos
A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 ordenó la realización de ocho allanamientos: siete en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Salta.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidos tres hombres: un ciudadano mexicano, señalado como integrante de la organización y encargado de recibir el vehículo; un argentino, acusado de cumplir funciones de seguridad y logística; y un ciudadano venezolano, vinculado a la entrega del dinero al agente encubierto.
Durante los allanamientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, tickets de viaje y documentación y otros elementos de interés para la investigación.
Una carga valuada en 18 millones de dólares
De acuerdo con los análisis de laboratorio citados por la PFA, los 52 kilos de MDMA en estado de máxima pureza podrían permitir una producción estimada de un millón de pastillas, con dosis adecuadas para consumo.
La fuerza estimó el valor de esa eventual producción en aproximadamente 18 millones de dólares.
La causa se originó a partir de información aportada por la DEA y contó con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
La investigación también recibió apoyo del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), iniciativa respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos.







