El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo explique el mecanismo dispuesto por el ENREGE que trasladaría a los usuarios el repago de créditos tomados por Camuzzi Gas del Sur para financiar obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico. La medida implicaría un 35% de aumento en el cargo fijo, afectando a 126.711 usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.
En Chubut, el impacto alcanzaría a más de 32 mil usuarios de la cordillera y la meseta, entre ellos Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Cholila, Epuyén, Tecka, Corcovado, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Mayo, Alto Río Senguer y Río Pico. 
Luque cuestionó que sean los sectores más vulnerables quienes deban afrontar los costos de decisiones financieras ajenas: “El gas no es un lujo ni un consumo optativo, es una necesidad básica”, sostuvo. El pedido de informes apunta a esclarecer la estructura financiera de la operación, que pasó de un desembolso inicial de $25.800 millones a $35.111 millones por capitalización de intereses e IVA, generando un sobrecosto de más de $9.300 millones antes de comenzar la amortización.
El legislador también reclamó precisiones sobre el impacto diferencial en localidades de la meseta central chubutense, donde los indicadores socioeconómicos son más bajos, y cuestionó el plazo de 15 días hábiles para la consulta pública, considerando la complejidad técnica y las dificultades de conectividad en la región.
