La Fiscalía llevó adelante este miércoles seis allanamientos simultáneos en una alcaidía policial y domicilios vinculados a la investigación de presuntas irregularidades que podrían configurar delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
Según informaron las autoridades durante una conferencia de prensa, la investigación comenzó el pasado 22 de abril, cuando se tomó conocimiento de posibles conductas irregulares dentro del establecimiento carcelario.
A partir de la recolección de información, declaraciones testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores reunieron elementos suficientes para solicitar medidas de comprobación directa, que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas desde las 6 de la mañana.
Los procedimientos incluyeron requisas personales y allanamientos en sectores administrativos de la alcaidía, especialmente en los pabellones 3 y 4, además de medidas dirigidas al entonces jefe del establecimiento.
Durante la conferencia, los fiscales indicaron que varias de las sospechas iniciales fueron corroboradas mediante el secuestro de documentación y otros elementos de prueba que ahora serán sometidos a peritajes.
“Tenemos una sospecha razonable de un posible delito de cohecho y también de un posible enriquecimiento ilícito”, señalaron.
La principal hipótesis apunta a una presunta connivencia entre algunos detenidos y autoridades de la alcaidía, mediante la entrega de beneficios que habrían sido otorgados por fuera de los reglamentos internos y de la normativa vigente.
“Estas irregularidades serían beneficios otorgados a los presos por fuera de cualquier reglamento, de las normas institucionales e incluso de la propia ley”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial y gran parte de la información permanece bajo reserva, las autoridades confirmaron que la pesquisa está enfocada actualmente en el jefe de la alcaidía, aunque no descartan la participación de otras personas.
Respecto de posibles sanciones o apartamientos del personal involucrado, indicaron que las decisiones operativas internas quedarán en manos de las autoridades competentes mientras continúa avanzando la investigación judicial.
Las próximas medidas incluirán el análisis de dispositivos móviles y nueva evidencia recolectada durante los allanamientos, con el objetivo de determinar el alcance de las maniobras investigadas y establecer eventuales responsabilidades penales.
