La Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia argentina que se pronuncie con celeridad sobre la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno se resiste a ejecutar y cuya implementación reclamó en la víspera una gran marcha federal que se realizó en las principales ciudades del país.
«La UBA solicita a la Suprema Corte de Justicia que se expida a la mayor brevedad posible», informó la institución en un comunicado.
Un día después de la cuarta marcha federal que se celebró en todo el país para defender la universidad pública, y que contó con 1,5 millones de participantes, según los organizadores, la mayor universidad del país requirió la intervención del máximo tribunal para garantizar la vigencia de la normativa.
El Consejo Superior de la universidad exigió al Gobierno del presidente Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario «a fin de garantizar el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud».
Además reclamó al juez interviniente en una primera instancia Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 11, que se expida sobre la cuestión de fondo por tener en sus manos la causa judicial abierta a instancias del Consejo Interuniversitario Nacional, institución que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales.
En su resolución, la UBA recordó «la masiva participación registrada a lo largo y a lo ancho del país» en la cuarta marcha federal, lo que «evidenció nuevamente el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública y a los valores que representa nuestra educación superior estatal».
«La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que reconoce a las universidades nacionales como instituciones fundamentales para el desarrollo científico, cultural, social y productivo del país, destacando especialmente su compromiso con la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria y las tareas asistenciales vinculadas a la salud», añadió.
La UBA reafirmó su compromiso con la defensa del sistema universitario público argentino, y reivindicó «la plena vigencia del derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de excelencia académica».
El Gobierno incumple con la Ley de Financiamiento Universitario por considerar que «su aplicación implica un gasto de 1,9 billones de pesos» (1.342 millones de dólares).
El partido gobernante, la Libertad Avanza (ultraderecha) desdeñó la manifestación del martes como una «marcha política opositora», y aseguró que ha cumplido con sus obligaciones presupuestarias respecto a las universidades al transferir los gastos de funcionamiento.
El Ejecutivo también se opone a girar los fondos correspondientes a los hospitales públicos que dependen de las universidades en este primer cuatrimestre, lo que ha puesto en jaque a los seis establecimientos de salud que dependen de la UBA, entre otros.
La Ley de Financiamiento Universitario establece la reapertura de las negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y para el funcionamiento de las casas superiores de estudios, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (siete millones de dólares).
La aplicación de la ley tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
De acuerdo a la UBA, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años. (Sputnik)
